Desarmado. Así estaba Carmelo Cruz Marcos, de 32 años; ni siquiera herramienta llevaba al cruzar la frontera de México y llegar a Douglas, Arizona.
Era campesino entrenado en el cultivo del café y albañil. Nació en Santa Elena, comunidad del municipio serrano de Cuautempan, al norte de Puebla.
Su viuda, testigos e incluso el reporte oficial indica que el inmigrante poblano carecía de objetos que representaran peligro para los agentes estadounidenses de la Patrulla Fronteriza que lo detuvieron junto con otros siete mexicanos el pasado 19 de febrero.
Pero el dicho de los uniformados narra que creyeron que recogería una piedra y la lanzaria contra ellos.
Ese es el argumento con que justificaron haberle disparado dos balazos al pecho y dos a la cara. Murió de inmediato.
Ayer, la esposa de Cruz Marcos estuvo en Puebla capital para pedir apoyo en la exigencia de castigo para quienes perpetraron este homicidio por abuso de poder.
Jazmín Nape Quintero tiene el auxilio de la organización Casa del Migrante Poblano y el despacho de abogados de Karns & Karns.
La diputada local Laura Ivonne Zapata respaldó la lucha de Nape Quintero, quien quedó sola a cargo de tres niños e indicó que su esposo primero emigró a la Ciudad de México y luego se aventuró a Estados Unidos.
“Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, durante el 2021 se registraron 714 casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes fronterizos al detener a migrantes, lo que representó un aumento de más del 25 por ciento de lo registrado en 2020”, dijo a la prensa la diputada Zapata.
Según reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de 2010 a 2019 se ha registrado la muerte de 144 mexicanos por parte de distintas autoridades estadounidenses en diferentes situaciones, tanto en la frontera como al interior del país, agregó la legisladora.
El 31 de marzo, la Comisión de Migración del Congreso del Estado de Puebla presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores su intervención ante las autoridades de EU para refutar la justificación de los agentes de la Patrulla Fronteriza en el caso del poblano.