René Valencia / Mariana Flores
Cinco constructoras recibieron casi 45 por ciento de los montos autorizados para la reconstrucción de los monumentos históricos afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 en Puebla, hasta el primer trimestre de este año, conforme datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
De acuerdo con las solicitudes de acceso a la información pública, el INAH informó a Crónica Puebla que, hasta marzo de este año, les autorizaron mil 599.2 millones de pesos para la reconstrucción de 351 monumentos históricos, pero fueron sólo cinco empresas las que concentraron 714.2 millones de pesos.
Las constructoras más beneficiadas fueron: Proyectos y Desarrollo Serra SA de CV, Constructora e Inmobiliaria Boneta SA de CV, M&P Constructores SA de CV, Consultoría Integral en Ingeniería y Arquitectura SA de CV y Construcción, Equipos y Diseño SA de CV (CEDSA).
Proyectos y Desarrollo Serra SA de CV se convirtió en el mayor beneficiado al recibir 29 contrataciones, que le representaron 567.2 millones de pesos, para obras en la Mixteca o en la zona metropolitana de la entidad.
El proyecto más costoso es el Templo Parroquial de Guadalupe, al obtener de su póliza de seguros un monto autorizado por 473.5 millones de pesos.
El 14 de septiembre se dio a conocer que M&P Constructores SA de CV se encargará de la remodelación del Centro Histórico de la capital poblana, que solicitó el ayuntamiento de Puebla, por lo que recibirá más de 32 millones de pesos de la administración de Claudia Rivera Vivanco.
M&P Constructores SA de CV recibió 28.3 millones de pesos por ocho intervenciones a inmuebles históricos.
Constructora e Inmobiliaria Boneta SA de CV recibió 15 proyectos que le representaron un pago por 41.3 millones.
En tanto, el gobernador Miguel Barbosa afirmó que existió un desvío de recursos destinados a la restauración de los daños generados durante el sismo de 2017 por parte de administraciones anteriores.
Explicó que el gobierno estatal cobró un seguro por desastres naturales que no fue destinado a la reconstrucción de inmuebles históricos, como se tenía previsto.
“Aparece destinada a otros rubros”, dijo el Ejecutivo.
Aseguró que fue la mayor irregularidad detectada en 2017, aunque aún no se determinan responsabilidades.
