Activistas opinan que la falta de difusión, de médicos capacitados y acercar clínicas a comunidades rurales para la práctica son el siguiente objetivo a resolver
Diana López Silva
Con la reciente despenalización del aborto en Puebla, activistas han señalado los pasos necesarios para asegurar un acceso real al procedimiento legal, seguro y gratuito.
La despenalización, que entró en vigor el 15 de agosto de 2024, fue un avance significativo en el estado, que se convirtió en la entidad número 13 del país en modificar su Código Penal.
Esto en cumplimiento con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2021, que exigía la descriminalización de la interrupción del embarazo.
Sin embargo, a pesar de este cambio, el reto ahora es garantizar la implementación efectiva de este derecho.
Activistas de organizaciones como el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) y Católicas por el Derecho a Decidir consideran que el estado ya cuenta con servicios públicos para realizar abortos seguros.
En hospitales como el IMSS, ISSSTE, ISSSTEP y el Hospital de la Mujer, desde 2021, Puebla ofrece dichos servicios gracias a un amparo ganado por estas organizaciones, lo que evita la necesidad inmediata de reformar la Ley de Salud local.
Sin embargo, subrayan que la verdadera barrera es la falta de difusión adecuada y la escasez de médicos capacitados y dispuestos a realizar el procedimiento sin objeciones de conciencia.
El fenómeno de la objeción de conciencia ha sido uno de los principales desafíos.
Este derecho permite a los médicos negarse a realizar abortos por motivos religiosos, morales o filosóficos, lo que en muchos casos puede obstaculizar el acceso de las mujeres al servicio.
En estos casos el Estado está obligado a asegurarse de que siempre haya personal no objetor disponible para realizar el procedimiento, sentenciaron.
Las activistas enfatizan que, aunque la objeción de conciencia es un derecho válido, no debe utilizarse como una barrera que impida el acceso al aborto legal.
Otro de los problemas señalados es la limitada cobertura del servicio de aborto seguro en el estado. Las activistas han atendido a mujeres de 25 municipios diferentes que tuvieron que trasladarse a la capital para recibir la atención.
Para muchas mujeres de zonas alejadas, esto supone un obstáculo considerable, ya que los costos asociados al traslado, como transporte, hospedaje y alimentación, dificultan el acceso a este derecho.
Entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) recibió 300 solicitudes de acompañamiento para acceder a un aborto seguro.
Estos casos provienen de municipios como Amozoc, Huauchinango, Izúcar de Matamoros y San Pedro Cholula, lo que demuestra la alta demanda por este servicio en diferentes regiones del estado, y la necesidad de ampliar la cobertura.
Además de las barreras de acceso, las activistas insisten en que falta una campaña informativa por parte de las autoridades estatales para educar a las mujeres sobre sus derechos reproductivos y la disponibilidad de servicios de aborto seguro.
Señalan que muchas mujeres, particularmente en comunidades rurales, desconocen sus derechos o las opciones legales a su disposición, lo que puede llevarlas a buscar procedimientos inseguros.
La organización Telefem, que brinda asesoría a mujeres para abortar de manera segura, reporta que Puebla ocupa el tercer lugar en México en número de solicitudes atendidas, con 232 casos en 2024.
Este servicio a distancia permite a las mujeres recibir atención médica especializada y acceso a medicamentos sin necesidad de trasladarse, lo que reduce costos y riesgos.
