Guadalupe Juárez / René Valencia
De marzo a septiembre 46 poblanas viajaron a Ciudad de México para interumpir su embarazo, en medio de la pandemia.
Pero aquellas que no pudieron trasladarse, ya sea por carecer de los recursos económicos o por temor al contagio de COVID-19, recurrieron a redes de mujeres que las acompañaron para abortar en casa.
Monserrat Hernández Flores, de Campaña Aborto Legal en Puebla, relató que al inicio de la contingencia colectivos y activistas recibieron solicitudes de asesoría de mujeres que no deseaban continuar con sus embarazos y no podían trasladarse a otro estado –Oaxaca o Ciudad de México– donde no es considerado un delito.
En estos grupos, el acompañamiento a distancia consistía en ocasiones en cooperar para la compra de medicamentos o, de ser necesario, pagarles el viaje a la capital del país, además de asesoría psicológica.
De acuerdo con las cifras del Gobierno de Ciudad de México, 50% de las mujeres que acudieron a una clínica para una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) eran originarias de la capital poblana, el resto fue desde Atlixco, Huejotzingo, Xicotepec, Zacapoaxtla, Tecamachalco, Zaragoza y Zacatlán.
En ocho casos, las mujeres ya habían sido madres antes de decidir abortar, dos de ellas tenían dos hijos, una tres y cinco de ellas, uno cada una.
De las 46 que abortaron, 28 eran solteras, 11 vivían en unión libre con su pareja, tres eran casadas y de cuatro se desconoce su estado civil.
En cuanto a métodos anticonceptivos que utilizaban antes de embarazarse, 33 dijeron que no usaban ninguno, cinco aseguraron que condón, dos utilizaban condón y pastillas anticonceptivas, tres mencionaron que pastillas anticonceptivas; una, inyección, y dos tenían dispositivo intrauterino (DIU).
En Puebla al seguir considerado un delito, de 2009 a 2019 hubo 12 sentencias.
Ingresa nueva reforma para despenalizar
La iniciativa impulsada por la morenista Estefanía Rodríguez Sandoval para que la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación sea legal y gratuito, ingresó ayer de manera formal al Congreso local.
La discusión en la presentación de las nueve modificaciones a la Ley de Salud estatal entre los legisladores locales se centró en las comisiones que sería analizada.
Al final, determinaron que las comisiones de Salud, Procuración y Administración de Justicia y de La Familia y Derechos de la Niñez sean las encargadas del estudio de la iniciativa, la cuarta que aborda el tema en lo que va de la legislatura.
La propuesta consiste en modificar el artículo 70 bis para que las instituciones de salud públicas accedan a interrumpir el embarazo de una mujer cuando ésta lo solicite y de manera inmediata en caso de una violación sexual, sin que el personal médico sea sancionado.
