Por: René Valencia
La atención médica por COVID-19 a 222 personas privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social, a cargo de la Secretaría de Salud estatal, cuesta 4.1 millones de pesos, así lo reveló la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal al detallar el listado de Concesiones, Contratos, Convenios, Permisos, Licencias o Autorizaciones Otorgadas.
El listado aclara que “al no contar con la infraestructura adecuada para brindar con eficiencia un mejor servicio médico-hospitalario, acorde a las necesidades de los internos (…), resulta conveniente subrogar esta prestación a los Servicios de Salud del Estado de Puebla”.
El acuerdo entre secretarías de Salud y Seguridad indica que la primera se hará cargo de la atención médica de reclusos hasta el 31 de diciembre.
Por la pandemia de coronavirus, se destinan 4.1 millones de pesos “para cubrir subrogaciones de Servicios Médicos Hospitalarios para los internos”, pero el monto estaría sujeto a cambios e incrementos.
Los Cereso contemplados para recibir atención médica son: San Miguel en la capital poblana, el de Tepexi de Rodríguez, el de Ciudad Serdán y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA); éste último fue adaptado como cárcel COVID. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que en Puebla se contagiaron con el virus, hasta el 26 de julio, 222 reclusos y fallecieron 27.
El portal de Transparencia COVID-19 del Gobierno de Puebla detalló que Salud estatal requirió de 1.6 millones de pesos para la contratación de personal y equipo médico, a fin de atender a los reclusos trasladados al CIEPA.
Sobre este último punto, Crónica Puebla solicitó a la SSP información sobre el convenio con los Servicios de Salud del Estado de Puebla para conocer si dicho gasto es extra o lo ya pactado. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
EN TEPEXI, 103 REOS CURSAN CARRERAS
En el Cereso de Tepexi hay 103 reos que cursan licenciaturas y maestrías en línea, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Comentó que ello es parte de la readaptación social que debe buscar todo sistema penitenciario y no sólo fungir como cárcel, para purgar una condena.
“La reintegración social es permanente, el castigo no es el propósito, lo que importa es la reinserción social del recluso que delinquió; así está estipulado en el Derecho Penitenciario y tenemos la obligación de buscar cómo lograrlo”, dijo.
De los prisioneros que estudian en línea: 48 están inscritos en Ingeniería Educativa, 38 más en el Tecnológico de Oriente, seis en el EDEP, cinco en UNITEC, tres en Tec Milenio y uno en UNAPAM; en tanto, los dos restantes cursan una maestría en la Universidad Tec Milenio.
