Después de 68 crímenes de odio en Puebla de 1996 y 2020 contra la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), la Fiscalía General del Estado creará la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos.
Sólo en 2020 la organización No Dejarse es Incluirse AC documentó cuatro posibles crímenes de odio en contra de personas no heterosexuales.
Si bien la creación de esta unidad es una medida necesaria que atiende las necesidades del segmento LGBTTTI, esta llega en un momento en el que la FGE no cuenta con la credibilidad suficiente para considerar que este nuevo organismo funcionará de manera correcta, garantizando así que los crímenes de odio queden en impunidad.
Onán Vázquez Chávez, presidente de No Dejarse es Incluirse AC, resaltó que no existe información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre casos documentados de crímenes de odio contra personas de preferencia alterna a la heterosexual, por lo que con esta nueva unidad esperan tener ya un registro oportuno que ayude a focalizar el tema y atacarlo de manera frontal.
Vázquez Chávez aseveró que debe haber mesas de diálogo con los representantes de esta población, para poder darles a conocer las acciones que van a llevar a cabo en materia de prevención del delito y de discriminación, debido a que tiene que ser un proceso completamente integral para que funcione.
Resaltó que la FGE tiene un reto muy grande, puesto que tiene que combatir la impunidad que tienen estos crímenes, y debe contar con un presupuesto etiquetado y un personal que realmente combata la discriminación de la que son víctimas personas LGBTTTI, para poder garantizar un buen funcionamiento y justicia.
Por su parte, Brahim Zamora Salazar, miembro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), expresó que la FGE tiene que ser sometida a un diagnóstico que permita conocer si tiene o no la capacidad suficiente para tener un nuevo organismo interno, porque de lo contrario se verá rebasada.
Afirmó que tienen que darse a conocer todos los detalles sobre el recurso que se manejará, tanto económico como humanos, los protocolos a seguir, la capacitación que tendrá el personal para atender a las personas y que quienes denuncian no sean revictimizados, como ocurre con los delitos sexuales.