Luis Ernesto Derbez Bautista, junto con varias personas más, fueron denunciadas por el nuevo Patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP): ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero; ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por administración fraudulenta.
Además, fue anunciada su destitución como rector, así como de vicerrectores. Más tarde, el exsecretario de Relaciones Exteriores señaló que no renunciaría y aseguró que “acusar es fácil y comprobar es complejo”.
DENUNCIAS
En rueda de prensa, el nuevo Patronato de la Fundación UDLAP –el cual fue nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, órgano desconcentrado del gobierno del Puebla– anunció la destitución del rector Derbez Bautista y de vicerrectores, además de tres denuncias que incluyen a integrantes de la familia Jenkins.
Horacio Magaña Martínez y Adalberto Ramos, presidente y secretario de este nuevo organismo, señalaron que el rector se ha negado a cooperar con el cambio de administración, así como Cecilia Anaya Berrios y María del Carmen Palafox Ramos, vicerrectoras Académica y de Asuntos Estudiantiles.
Rodrigo Gurza, abogado del nuevo patronato, acusó a Luis Ernesto Derbez de permitir movimientos financieros para saquear recursos de la UDLAP; precisó que en 2014, Virgilio Rincón, como representantes de la Fundación Mary Street Jenkins, traspasó los activos a Aguascalientes, luego a Jalisco y acabaron en un fideicomiso en Panamá que beneficia a integrantes de dicha familia, prófuga de la justicia.
Más aún, infirió que Derbez acordó estos movimientos con los Jenkins a través de cinco empresas, para lo cual se contó con la aprobación de Mónica Ruiz, quien también sería socia de las firmas beneficiadas.
DERBEZ LOS RETA
Más tarde, Luis Ernesto Derbez rechazó las acusaciones del nuevo patronato de la Fundación UDLAP, negó que vaya a renunciar como rector e incluso cuestionó las denuncias presentadas, pues entre los acusados hay dos personas que ya fallecieron: Guillermo Jenkins Anstead y Manuel Mestre Martínez.
Aseguró que la auditoría, cuyos resultados son base de las denuncias, se hizo en sólo tres días, por lo que consideró que se trata de una “campaña de mentiras”, al tiempo de asegurar que “acusar es fácil y comprobar es complejo”.
Precisó que las fundaciones UDLAP y Mary Street Jenkins son diferentes, que tienen dos suspensiones que impiden nombrar un nuevo patronato, que las finanzas están sanas, tanto que hay más de 600 millones de pesos en las cuentas bancarias de la institución y el destino de ese dinero es preocupante.
En riesgo –comentó– están las reinscripciones de estudiantes y las acreditaciones internacionales, el pago a empleados y proveedores, así como los impuestos y otros compromisos por más de 56 millones de pesos; además, aceptó que la institución tiene 400 millones de pesos en créditos.
Mientras tanto, no hay una fecha para reabrir las instalaciones de la UDLAP.
