René Valencia
Con 50 empresas fantasma y contribuyentes con operaciones inexistentes investigadas en Puebla por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) terminó el primer semestre de este año, por lo que acumuló la entidad casi 7% de todas las factureras declaradas definitivas en el territorio nacional.
A través de una solicitud de acceso a la información pública, el fisco mexicano informó a esta casa editorial que declaró definitivas, es decir, los acusados no se defendieron de los señalamientos por operaciones inexistentes, 739 empresas o contribuyentes en todo el país en la primera mitad del 2020.
El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) aclaró que los contribuyentes con operaciones inexistentes son aquellos que emiten comprobantes o facturas, sin contar con la capacidad material o infraestructura para realizar los servicios o reportaron domicilios ilocalizables.
Durante el primer semestre del 2019, el SAT detectó en Puebla a 56 empresas y contribuyentes investigados por la emisión de comprobantes irregulares que se declararon definitivos, en comparación con los 50 casos del mismo periodo de este año, arrojó que disminuyeron casi en 11 por ciento.
A nivel nacional, el SAT indicó que entre 2014 y el primer semestre de este año las entidades con más contribuyentes con operaciones inexistentes definitivas fueron: Ciudad de México, con mil 458 casos; Jalisco, con mil 125 factureras; Nuevo León, con 939 definitivos. Puebla ocupó el lugar siete en México, con 418 contribuyentes.
Los resultados de contrataciones en Compranet revelaron que los ayuntamientos de San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacán y Tepeaca facturaron entre 2015 y 2016 más de 10.7 millones de pesos con empresas con operaciones inexistentes detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Delito grave, método para evasión fiscal
Los propietarios de las 50 empresas que en Puebla han sido confirmadas como factureras cometen delito grave.
Este tipo de evasión tributaria es considerada delito grave desde este año en el país, es decir, se penaliza con cárcel y no hay derecho a que el juez imponga fianza para que el acusado desarrolle el proceso en libertad.
Ello ocurre porque el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma fiscal para que esta acción sea tipificada como fenómeno de delincuencia organizada.
En ello entra la facturación adulterada o expedida por transacción inexistente.
