El observatorio ciudadano de la Universidad Ibero y familiares de Zyanya e Ingrid Aremis reclaman impunidad de agresores y años de demora de justicia
Claudia Espinoza
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de la Universidad Iberoamericana Puebla consideró que es necesario que se deben mejorar los protocolos de investigación en casos de feminicidios y garantizar que no se cometan estos ilícitos y los agresores queden impunes.
Ana Gamboa, representante del observatorio, pidió a la Fiscalía General del Estado intensificar los protocolos de búsqueda de los agresores de mujeres y que se eviten acciones que revictimizan a las agredidas.
Comentó que, de acuerdo con las investigaciones que han realizado, es necesario reforzar los mecanismos para agilizar la búsqueda de mujeres reportadas como desaparecidas.
Subrayó que en estos casos las horas que toma el rastreo inicial hacen la diferencia entre hallar con vida a las víctimas de agresiones.
En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, que se conmemora mañana, las madres de Ingrid Aremis y Zyanya Estefanía exigieron agilizar las investigaciones.
Las jóvenes fueron asesinadas en situaciones que apuntan a exparejas sentimentales como responsables.
Patricia Becerril Gómez, madre de Zyanya Figueroa, refrendó que la médica vino a Puebla a trabajar como pediatra en el Hospital del Niño Poblano y a estudiar una especialidad.
En 2018 fue asesinada.
Originaria de la Ciudad de México, quería cumplir sus sueños y “era una joven de 26 años llena de ilusiones y con empuje para salir adelante y poder atender a menores de edad de escasos recursos”.
El 15 de mayo de 2018 la familia fue notificada de que Zyanya fue encontrada sin vida en su propia casa.
A pesar de que se encontraron indicios de feminicidio, las autoridades fiscales dijeron que se trataba de un suicidio e incluso filtraron una supuesta carta en que ella lo había anunciado.
La letra reveló que era falsa.
Después de cinco años, no se ha hecho justicia, acusó Becerril Gómez.
Ya se ha realizado la exhumación del cuerpo para reiniciar las pesquisas, pero el presunto responsable está libre.
Apenas en septiembre de este año, la fiscalía poblana determinó realizar la investigación de este caso como feminicidio.
Ingrid Aguirre, madre de Ingrid Aremis Guevara, asesinada en mayo de 2019, lamentó que el propio protocolo de la fiscalía haya puesto en riesgo a su hija.
Estudiaba la licenciatura en Psicología en la BUAP. Era originaria de Xalapa, Veracruz.
“Se llevaron su derecho a la vida”, aseguró ayer Aguirre.
Explicó que 47 días antes de ser asesinada, Ingrid Aremis interpuso una denuncia penal, justamente por temer que las agresiones que le había infligido su expareja escalaran.
Temía por su vida y pidió ayuda, pero no la recibió. reclamó la madre de familia.
Ingrid fue asesinada mientras se encontraba en el departamento de una de sus amigas.
En el sitio estaba también el violentador, Íker N.
En la Fiscalía General del Estado de Puebla, al denunciar las agresiones, el personal que la atendió le recomendó llegar a un acuerdo con el hombre.
La representante del observatorio universitario subrayó que esa acción de la autoridad encargada de investigar los delitos dejó que a Ingrid Aremis en peligro.
Así que la víctima de agresiones quedó a merced del violentador y por eso le fue arrancada la vida.
Ambas mamás de víctimas manifestaron que es necesario que se mejoren los mecanismos de atención para las mujeres que son víctimas de violencia y la denuncian, para los familiares que conocen antecedentes violentos de los presuntos feminicidas y para investigar los delitos.
PASO LIBRE A LA IMPUNIDAD
En el país, se han documentado estas actuaciones de la autoridad:
- Agentes del Ministerio Púbico desestiman las denuncias de violencia contra mujeres
- Proponen como soluciones acciones que no lo son: citan a las denunciantes para presentarse al día siguiente, sin considerar que están escapando de una situación de violencia y que la mayoría no tiene recursos para hospedarse en otro sitio
- Agentes son reticentes a investigar como feminicidios las muertes violentas de mujeres
- Hacen caso omiso de la obligación que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece: dar seguridad a las víctimas. Cuando éstas piden medidas de protección, los agentes rechazan la solicitud alegando que, para ello, se tiene que acreditar la ejecución de un delito
