A pesar que todas las muertes violentas de mujeres en el estado deben ser investigadas en un inicio como posibles feminicidios, muchos de estos casos no son tratados así por las autoridades locales y estatales.
Por tanto, generan una discrepancia en las cifras oficiales de las dependencias gubernamentales y las de las organizaciones civiles, señaló Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla.
Explicó que en las investigaciones de muertes violentas de mujeres, las autoridades no reconocen las razones de género que pudieron detonar el crimen, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Resaltó que es importante que se cumplan con los protocolos y así garantizar que se haga justicia para las víctimas y sus familiares.
Lamentó que aún existen deficiencias de los ministerios públicos y en la Fiscalía General del Estado en las investigaciones.
