Claudia Espinoza
Familiares de personas desaparecidas podrán promover trámites, como solicitud de guarda y custodia y pensión alimenticia, además de acceder a derechos, como la seguridad social, en caso de que sea avalada la ley de Declaración de Ausencia en Puebla.
Dicha ley podría quedar aprobada antes de que concluyan los trabajos de la actual legislatura local.
El dictamen fue presentado en octubre de 2023 pero fue retomado el pasado jueves por la comisión permanente del Congreso del Estado.
Los legisladores locales remitieron su análisis a las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, además de la de Gobernación y Puntos Constitucionales, con el objetivo de que sea analizada en la última sesión de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla.
Se prevé que podría ser aprobada en sesión extraordinaria el próximo viernes, pues la actual legislatura culminará el 14 de septiembre.
Con la iniciativa, se buscará otorgar medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia de los derechos humanos de familiares y de personas desaparecidas.
Garantiza a las víctimas directas e indirectas su derecho al reconocimiento y protección de la personalidad jurídica, vida digna y libertad personal.
La necesidad de que el estado cuente con una ley en esta materia ha sido expresada por colectivos de familiares de desaparecidos, además de instituciones como la Ibero Puebla, que desde agosto pasado promovieron una ruta integral de trabajo para materializar una ley en la materia.
Alexia Martínez Montalban, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, contextualiza esta ley en un país que tiene más de 112 mil personas desaparecidas, quienes siguen siendo buscadas por sus familias.
Explicó que la desaparición “rompe y trastoca a las familias de las personas desaparecidas”, y las coloca en un dilema en el que “muchas veces su vida está en riesgo” y tienen que cambiar sus dinámicas familiares.
Daniela Itzel Jiménez Cortés, responsable de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Clínica Jurídica Minerva Calderón, relató el caso de María Eugenia Marga- rita Rojas García, cuya hija, Fabiola Narváez Rojas, desapareció el 13 de enero de 2021.
“Esto provocó que ella tuviera que ocuparse de las tareas de cuidado de su nieta –hija de Fabiola–, quien actualmente tiene 10 años”.
María Eugenia, al ser derechohabiente del IMSS, buscó afiliar a su nieta, sin embargo la institución le negó este derecho con el argumento de que solamente los padres podían afiliar a los hijos.
“Se tuvo que realizar una serie de estrategias jurídicas sola- mente para garantizar el acceso a seguridad social y a la salud”, explicó Daniela Jiménez.
Por ello, se ordenó al Congreso del estado de Puebla legislar en materia de declaración especial de ausencia.
Sin embargo, no todas las personas pueden solicitar esta declaratoria; sólo aquella con una relación afectiva inmediata y cotidiana, quien funja como representante legal.
El término “Declaración Especial de Ausencia” se refiere a la resolución emitida por un órgano de jurisdicción competen- te, en el cual se reconoce jurídicamente la situación de desaparición de una persona.
