Guadalupe Juárez
A más de un año y cinco meses que incrementó la tarifa, la renovación del transporte público sólo alcanza 16% del parque vehicular y apenas 20% se conectaron al C5, cuando el compromiso era mantener monitoreadas las 30 mil unidades contabilizadas.
Aunque el exsecretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, aseveró que habían logrado conectar 6 mil unidades y sólo faltaban 4 mil, omitió que el 12 de octubre de 2019 –cuando se aprobó el aumento a la tarifa– en el estado había 30 mil unidades que deberían tener sistema de videovigilancia, al ser un requisito para mantener la concesión.
Además, informó que se tendrían que renovar en cuatro meses 12 mil unidades, que rebasaban los 10 años de antigüedad.
El pasado 29 de enero señaló, ante los diputados locales, que sólo había iniciado 106 procedimientos para revocar la concesión a quienes incumplieron con la renovación, cuando faltan alrededor de 10 mil unidades en condiciones deplorables. Justificó el lento avance por la pandemia de COVID-19.
Desde agosto, el gobernador Miguel Barbosa reconoció que las cámaras de videovigilancia no estaban conectadas al C5, una se habían conectado a una “empresa privada” y prometió corregirlo.
Desde octubre de 2019 –cuando aumentó el pasaje– a febrero del año en curso han ocurrido 307 robos en el transporte público.
Concesionarios indicaron que instalar la videovigilancia en cada unidad tenía un costo de 16 mil a 23 mil pesos, sin contar el servicio de internet para conectarlas al C5, mientras que la compra de una unidad ronda el millón de pesos.
