Diana López Silva
La posibilidad de que se reduzca en México la jornada laboral enfrentó al sector patronal y al obrero, ya que mientras el primero afirma que el país no está preparado para ese esquema, el segundo asegura que la clase trabajadora sí lo está.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes un dictamen para modificar el artículo 123 de la Constitución, para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas.
Sin embargo, por la carga de trabajo en la agenda legislativa, a dos días de cerrar el periodo ordinario de sesiones, la iniciativa no subió al Pleno por falta de tiempo, según anunció el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco.
Otros diputados, como el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, mantienen la confianza en que la propuesta, impulsada por su partido, sea retomada el próximo periodo de sesiones.
EMPRESAS NO ESTÁN LISTAS
Rubén Furlong Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció que las empresas no están preparadas para el esquema propuesto, ya que la mayoría trabaja por horas y tendría que hacer ajustes para laborar por resultados y objetivos.
El representante del sector patronal en Puebla criticó las decisiones del gobierno federal a través del Congreso de la Unión sin consultar a los involucrados primero.
“Necesitamos transitar hacia esa cultura laboral, pero tiene que ser un tránsito que se dé de manera natural, impulsado por los gobiernos, por organizaciones empresariales, sindicatos; todos tenemos que ir de la mano, para no afectar la fuente de empleo”, dijo.
NO PUEDEN PAGAR DOBLE TURNO
En la opinión de Beatriz Camacho, secretaria general de Coparmex Puebla, lo que va a pasar, en caso de que la reforma sea aprobada, es que las empresas de determinados sectores tendrán que contratar un doble turno de seis horas, “y algunas no lo van a poder pagar, entonces van a tener que cerrar”.
“Por ejemplo, en el giro restaurantero, al bajar a seis horas ya no abarca comida y cena, entonces tendrán que contratar doble turno y la micro y la pequeña empresa tendrán que cerrar esa sucursal del restaurante porque no les dará para pagar el doble turno”, dijo.
PODRÍA SER UNA TRAMPA: CTM
Desde el sindicalismo, Leobardo Soto Martínez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), llamó a analizar a fondo las repercusiones de la reducción de la jornada laboral.
Si bien aseguró que los trabajadores están preparados para laborar en un esquema de 40 horas, alertó que hay que revisar otros factores o de lo contrario podría afectar a la clase obrera.
Hizo un llamado a los legisladores para “que no caigamos en la trampa de que ahora los trabajadores tengamos la obligación de ir a laborar más tiempos extra. ¿Y eso qué implica? Mayor impuesto”, aseguró.
LA CLAVE ESTÁ EN EL ISR
Por ello, el líder sindical insistió en la propuesta para que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) disminuya al menos 5%, ya que los trabajadores mexicanos pierden más de 30% de su salario en este gravamen.
Aseguró que los beneficios también serían para las empresas y disminuir el ISR se traduciría en “el verdadero aumento al salario de los mexicanos”, porque en automático incrementarían su sueldo y prestaciones.
“Yo voy a un hecho real. Si 99.99% de las empresas en Puebla está reportando utilidades, quiere decir que el mercado y la reactivación económica están hacia el alza; el gobierno, las empresas y los trabajadores lo están haciendo bien; quiere decir que sí nos alcanza para hacer la reforma”, afirmó.
Por ello exhortó a los diputados y senadores a que hagan lo que les toca para legislar, si realmente están a favor de los trabajadores.
Dado que se trata de una reforma constitucional, el proceso para aprobar la disminución de la jornada laboral en México requiere que primero sea avalada por dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Hasta el momento, la fracción del PAN votó en contra en Comisión.
De ser avalada por la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá ser enviada al Senado para seguir el mismo proceso. Posteriormente, el proyecto pasaría a revisión en los congresos estatales, donde deberá ser avalada por al menos 17 entidades federativas.
