Diana López Silva
La pobreza y el desempleo provocado por la pandemia del COVID-19 reforzó el nuevo engaño de los tratantes de personas: empleo.
Anuncios en redes sociales, en la calle, de plazas disponibles con sueldos atractivos y hasta hospedaje y alimentos por ser foráneos incrementó de 8% a 16% este modus operandi de los delincuentes.
Y el enamoramiento, si bien sigue siendo el primero de los “ganchos” para embaucar, bajó de 72% a 54%.
Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, que opera la Línea Nacional Contra la Trata de Personas 800 55 33 000, precisó estas cifras.
Y que las mujeres de alrededor de 16 años son el principal objetivo de los tratantes, pero en explotación laboral están a la caza de varones de 25 años a quienes ofrecen empleo y la realidad es de esclavitud a migrantes o jornal forzoso a locales, aunque este año ya hay reportes de hombres víctimas de explotación sexual.
MODALIDADES DE LA TRATA
Samantha Páez Guzmán, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), detalló que la trata de personas abarca más que la explotación con fines sexuales, como se explica en el sótano de estas páginas.
Aunque en años recientes se ha agudizado, la trata de adolescentes parece invisibilizada cuando se les manipula o fuerza a participar en acciones de terrorismo, acopio de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, narcotráfico y narcomenudeo, secuestro, contrabando, robo de hidrocarburos y delitos contra el medio ambiente.
“Lo que en Puebla conocemos como niños huachicoleros o halcones son víctimas de trata”, asegura.
La adopción ilegal de menores y el matrimonio conveniente son otros disfraces de la trata. “En general, si el propósito de una acción o relación es obtener ventajas económicas, constituye trata de personas, como cuando parientes o amigos de personas que fallecen adoptan a sus hijos para poder administrar sus herencias, o el matrimonio forzoso servil que ocurre mucho en comunidades indígenas”.
El tráfico de órganos y tejidos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos son otros fines del tráfico de personas.
La investigadora señaló la importancia de no olvidar que Puebla está dentro de un corredor de trata de personas, y los padres de familia deben estar pendiente de sus hijos, sus amistades y su uso en redes sociales para evitar que los menores sean “enganchados”.
DIFÍCIL, LA DENUNCIA
En la Fiscalía General del Estado de Puebla, de enero a junio de este año sólo hay dos casos de trata de personas en todo el estado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirma que en la entidad, de 2012 a 2017 hubo 500 víctimas de explotación sexual y prostitución ajena.
Desde 2014 Puebla se ubicaba en segundo lugar nacional en frecuencia de este delito, después de Chiapas y para 2019 fue tercer lugar, tras Estado de México.
De 2016 a 2017 hubo 28 carpetas de investigación, tras 90 iniciadas en 2015. En 2014 fueron 148. Son 403 casos denunciados en seis años.
La disminución de denuncias contra el aumento del registro de víctimas en la defensoría de Derechos Humanos es una discordancia que sólo se explica con la dificultad de quienes padecen la trata para darse cuenta de que es un delito, primero, y luego tener valor y oportunidad para pedir ayuda.
La Línea Nacional Contra la Trata de Personas trabaja con 48 organizaciones, y de enero a la fecha ha recibido mil 168 reportes de todo el país y de puntos de la Unión Americana, como Texas, Iowa, Florida, Nevada, California y Oregon, desde donde se reportan situaciones que podrían ser de trata de personas. De este total, a nivel nacional hay 256 carpetas de investigación por este delito.
REFUGIOS
Para el Ovigem, uno de los principales problemas para sancionar la trata es que hay municipios que, en el caso de la prostitución, se sanciona a las víctimas y no a las redes de trata que explotan a los sexoservidores.
Aunque los especialistas coinciden en que el combate a este delito es un trabajo compartido entre autoridades, sociedad y organismos civiles, Mariana Wenzel, representante de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad (Anthus A. C.), confió en que este año ya sean aprobados recursos estatales para sostener el refugio para víctimas.
En el sitio se da asistencia integral para ayudar a la víctima a denunciar. “Las mujeres, al ser reclutadas por enamoramiento, no saben que son explotadas, no se sienten así”, indicó Wenzel.
La Anthus funciona hace siete años y opera el refugio hace dos a puerta cerrada.
“La trata de personas se terminará cuando se acabe el consumo de servicios sexuales, porque es un asunto de oferta y demanda” y la opción de combate consiste en que se cumpla la ley general antitrata para crear o sostener refugios para víctimas.
MARCO LEGAL
La ley estatal establece una comisión interinstitucional que incluye a la Fiscalía, que sesione presidida por el gobernador; que haya fondos de proteción y asistencia.
En Puebla, la primera ley antitrata de personas fue iniciativa priista en el Congreso local en 2006, como estrategia frente al escándalo del entonces gobernador Mario Marín detrás de la detención ilegal de la autora Lydia Cacho.
Malinalli García, diputada local, coordinó la construcción de la propuesta. Se basó en el Protocolo de Palermo, donde por primera vez se definió el delito y se enfatizó la atención a víctimas y en la convención de la Organización de las Naciones Unidas.
La ley local aprobada en 2010 consideraba pena de seis a 14 años de prisión para tratantes de personas.
Esa ley fue abrogada en 2012, con la entrada en vigor de la Ley General en la materia, aprobada por el Congreso de la Unión, que desde el artículo 10 establece las conductas a sancionar: captar, enganchar, transportar, transferir, retener, recibir o alojar a una o varias personas para su explotación, con cinco y hasta 15 años de prisión.
La diputada Rocío García Olmedo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Puebla, confió en que la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación Estatal, ambas creadas a iniciativa de las propias familias de personas desaparecidas en Puebla, ayudarán a unir los esfuerzos y perfeccionar los mecanismos para la localización de personas y, en su caso, la investigación de las redes del crimen organizado detrás de la trata de personas.
Para la legisladora, es urgente crear registros estatales de información de violentadores y agresores, que permita a las autoridades judiciales mejor desempeño en la búsqueda de personas y la investigación de grupos delictivos.
