René Valencia
Seis quejas se interpusieron, desde Puebla, contra servidores públicos (2) y particulares (4) el año pasado ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en su conferencia matutina del pasado jueves que se analizará la desaparición del Conapred: “Y que la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo” de sus funciones.
De acuerdo con el reporte de quejas del fin de 2019, de las dos denuncias que de personas con domicilio en Puebla se documentaron contra servidores públicos, una fue por discriminación por razones de género y la otra por ejercicio de la maternidad.
También se presentaron cuatro quejas entre particulares sobre discriminación por apariencia física, diversidad sexual, identidad de género y hacia personas trans.
Las cuatro están relacionadas con problemas sobre la manera en que fueron tratadas las personas, que representa vulneración de sus derechos.
La acusación de transgresión a derechos humanos hacia personas trans –término que incluye a personas transgénero, transexuales o trasvestis– que se generó desde Puebla fue una de las cinco que se presentaron en ese rubro en el país en 2019. Ciudad de México sumó las otras tres y Jalisco, una.
Los asuntos del Conapred en Puebla
Defensa de los derechos de migrantes centroamericanos y apoyo al matrimonio igualitario son los dos temas en que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha intervenido en Puebla la última década.
El aumento de emigrantes en ruta hacia Estados Unidos fue el primer tema por el que el Conapred subrayó la atención en la entidad.
Ponentes en foros y representantes realizaron, desde 2010, visitas de observación y asesoría en Puebla capital y municipios de la ruta que viene de la frontera sur del país.
Para 2012, la presencia de oradores expertos enviados por el Congreso se incluyó hasta en el Congreso del Estado para pedir armonización con la ley federal para evitar la discriminación.
Desde ese mismo año, activistas en pro del matrimonio igualitario han pedido intervención para que se legisle claramente.