Por: Diana López Silva
La ampliación recurrente de plazos y la insuficiencia de personal fueron dos de las constantes por las que durante la pandemia por la COVID-19 se pospuso dar respuesta puntual a las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por personas interesadas, contexto que además generó ambigüedades que mermaron este derecho ciudadano.
Cuauhtémoc Cruz Isidoro, académico del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla e integrante de Asociación Mexicana de Derecho a la Información en Puebla, indicó que las quejas presentadas por parte de ciudadanos en contra de sujetos obligados que no contestaron sus solicitudes se debió precisamente a situaciones atípicas generadas por el confinamiento.
Apuntó que al inicio de la pandemia el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó la suspensión de plazos para sujetos obligados con actividades esenciales, teniendo normas muy puntuales sobre los tiempos de contestación.
No obstante, en el caso del órgano local, éste no siguió las mismas pautas y no tuvo claro qué sujetos obligados sí tenían que cumplir con los plazos establecidos, por lo que se generaron lagunas que permitieron a muchas dependencias respaldarse y no garantizar el acceso a la información.
Apuntó que esto sucedió también con los recursos de revisión, que en su mayoría se desecharon porque los sujetos obligados se encontraban amparados por los plazos otorgados y, por ende, ante la ley no se viola ninguna garantía.
SE TRIPLICAN QUEJAS
Por incumplir con sus obligaciones de dar acceso a la información pública, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (ITAIPUE) recibió 980 denuncias en el primer semestre del año, un incremento exponencial en comparación con las 347 que se dieron de enero a junio, del 2020.
De acuerdo con las estadísticas del ITAIPUE, distintos ciudadanos presentaron 980 denuncias en contra de las dependencias. Las que tuvieron más quejas fueron las secretarías de Gobernación del Estado con 96 y para la Igualdad Sustantiva de Género.
Sobre la insuficiencia de personal, se debió principalmente a que por la pandemia tardaron en regresar a sus labores presenciales en las diferentes dependencias.