Con 81 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud para castigar hasta con 15 años de cárcel el robo de vacunas, incluidas aquellas del Programa de Vacunación Universal o en una emergencia como la que vivimos, así como el hurto de medicamentos y tanques de oxígeno del sector salud.
La iniciativa establece que será castigado el que se apodere de forma indebida de una o más vacunas que sean propiedad de las instituciones que constituyan el Sistema Nacional de Salud o aquellas incluidas en el Programa de Vacunación Universal destinadas a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación como la que se vive en la actualidad con el Covid -19.
Las sanciones también incluyen al que se apodere de forma indebida de algún medicamento o de alguna ayuda funcional considerada como tal dentro de los insumos para la salud.
Los senadores reconocieron que durante la pandemia el robo de medicamentos se disparó 82.5 por ciento sólo en el año 2020 y el valor del mercado negro puede alcanzar los mil 500 millones de dólares, según estableció la senadora del PRI, Sylvana Beltrones, quien señaló que el robo de medicinas es un fenómeno de delincuencia organizada.
“Se necesita toda la fuerza del Estado para poder combatir una situación que pone en peligro de forma frontal la vida e integridad de miles de familias”.
El senador del PRD, Antonio García Conejo, advirtió que en México existe una organización criminal que trafica con fármacos ilegales en los estados Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
En el dictamen aprobado, se propone una pena de tres a 10 años de prisión y multa de 300 a 3 mil veces la Unidad de Medida de Actualización (26,886 a 268,860 pesos), cuando las vacunas tengan como propósito la inmunización de un agente patógeno.
El mismo castigo aplicará cuando algún medicamento o alguna ayuda funcional sea de uso esencial durante la acción extraordinaria.
Se señala que, cuando la persona sea servidora pública y cometa alguna de estas dos conductas, se le aplicará una pena de 5 a 15 años de prisión y multa de 300 a 3 mil veces la Unidad
de Medida de Actualización.
La minuta se envió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes. (La Crónica de Hoy)
