Por: Hervey Rivera
En el contexto de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló como pandemia, una de las decisiones que autoridades y representantes populares en el país tomaron fue legislar una amnistía a personas encarceladas por ciertos delitos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos define una amnistía como: “a) La posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o b) La anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada”.
En México una amnistía es discutida y votada por las Cámara de Diputados y Senadores del Congreso General como una iniciativa de ley.
Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad han existido tres casos incluyendo la mencionada.
En 1978, durante el gobierno de José López Portillo, el Congreso aprobó una ley que benefició a personas que purgaban condenas en cárceles, que contaban con averiguaciones previas o se encontraban en la clandestinidad realizando actos para la guerrilla de la época.
Esta medida se adoptó en el marco de la Reforma Política para distender el ambiente de violencia que permeaba en diversas ciudades del país y amenazaba desbordarse.
De igual manera una Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales amplió las posibilidades a militantes y partidos de oposición de ampliar sus espacios de influencia y representación en las instituciones políticas.
En 1994 el presidente Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso una iniciativa de ley de amnistía para dejar sin efecto las averiguaciones y acusaciones penales a integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de los hechos que conllevaron el levantamiento armado de esta organización en algunas ciudades del estado de Chiapas.
Esta iniciativa de ley fue enviada al Poder Legislativo cuando el Ejército Mexicano había retomado el control de las ciudades que habían tomado los milicianos, después de 12 días de duros combates.
La amnistía fue el inicio de un proceso de pacificación entre el Estado y la guerrilla. Como candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de presentar una iniciativa de amnistía a integrantes del crimen organizado, declaración que fue muy polémica dado que se interpretaba que capos del narcotráfico, sicarios y todas las personas que estuvieran involucradas en actividades delictivas obtendrían el perdón por los delitos que hayan cometido.
Esta propuesta de campaña se olvidó y ya como gobierno, el hoy presidente sí envió la iniciativa pero no el sentido que propuso en campaña sino bajo el principio de justicia transicional que beneficiara a mujeres, jóvenes e indígenas; que hayan cometido delitos contra la salud en condiciones de extrema pobreza o alta vulnerabilidad; delito de robo sin violencia que no amerite más de cuatro años de prisión y levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno (sedición).
Se excluyeron los casos de homicidio, secuestro o quien haya usado un arma de fuego para cometer algún delito.
La más reciente amnistía se presentó a finales de 2019 y hace unas semanas el Senado la aprobó en los términos anteriormente descritos.
En medios de comunicación tanto legisladores del partido gobernante como funcionarios declararon que la amnistía se era una medida adecuada en el marco de la contingencia sanitaria que permitiría la liberación de personas que estuvieran contempladas en los supuestos y que ellas tuvieran menos exposición a un probable contagio.
