Iván Mercado / @ivanmercadonews / FB IvánMercado
En esta ocasión, el presidente guarda toda la razón al pretender alentar entre los mexicanos un sentimiento de responsabilidad compartida y promover sin argumentos claros, pero insistentes, un necesario retorno a clases presenciales a partir del próximo lunes 30 de agosto.
Los riesgos que nuestros niños y jóvenes enfrentan si se quedan atrapados en las clases a distancia son ciertos, sin embargo, la “sana” intención del Ejecutivo por este segmento poblacional llega tarde, carente de datos, plagada de vacíos operacionales, de mensajes públicos equivocados y en el peor momento de la tercera ola.
La información sobre los peligros de mantener cerradas las escuelas por más tiempo y las proyecciones en torno al desequilibrio generacional que puede enfrentar México en materia de educación e inteligencia emocional fue dado a conocer por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) desde finales del 2020, pero esos reportes pasaron inadvertidos en nuestro país.
En el 2020 México estaba experimentando una grave división social alentada desde el poder no solo para justificar las malas decisiones sanitarias, sino para alcanzar sus objetivos políticos en una elección federal intermedia clave para sus proyectos políticos.
En noviembre del 2020, la UNICEF aprovechó la celebración del Día Mundial del Niño para lanzar los resultados de una serie de investigaciones y proyecciones sobre el impacto que la COVID-19 en la vida de los infantes. En esos primeros análisis, el organismo internacional ya advertía de la creciente crisis mundial para este segmento de la población a la que desde ese momento comenzó a calificarla como la “generación perdida”.
Mientras el mundo intentaba comprender cómo hacer frente a una enfermedad que en estaba matando sin remedio a miles de seres humanos (particularmente de la tercera edad), investigadores especializados en los menores del planeta comenzaron a calcular los riesgos para las nuevas generaciones.
Comprendieron que de no encontrar en el corto plazo una cura permanente, los niños y las niñas del mundo no solo estarían expuestos a las consecuencias directas de la propia pandemia. La interrupción de los servicios esenciales, el aumento de la pobreza, la desigualdad y la violencia llegarían inevitablemente al paso de los meses.
Y así ha sido en un país como México donde incluso antes de la pandemia, nuestros niños, niñas y jóvenes han venido creciendo en un entorno social y económico completamente adverso.
Aunado a esa incuestionable realidad alentada desde hace años por la eterna pobreza y rezago de nuestra sociedad, se le debe sumar la llegada al poder un nuevo régimen para el que ese segmento poblacional ha mostrado no es una prioridad en sus planes transformadores.
La realidad histórica y circunstancial de México vuelven a jugar en contra de toda una sociedad indiferente a sus propias circunstancias y dolencias.
Los números de la pandemia en menores de edad mexicanos son alarmantes si se considera que aún no arrancan las clases presenciales. Ya se registran más de 62 mil niños y niñas infectados por COVID-19 (datos oficiales), más de 2 mil 800 hospitalizados y más de 700 fallecimientos, hasta ahora.
Las cifras chocan de manera escandalosa ante las declaraciones (una vez más irresponsables y poco cuidadas) del Dr. Hugo López Gatell, responsable del manejo de la pandemia en México, quien aseguró hace apenas unos días que son “ideas” sin sustento científico aquellas que apuntan a que hay un incremento en el riesgo de contagios para la niñez.
Pero no solo eso, López Gatell afirmó hace unos días que ante la tercera ola de positivos, los menores de edad “mueren poco” y por lo tanto no es necesario ni justificado implementar un programa nacional para comprar bióticos y arrancar con un plan nacional de vacunación destinado a la protección de los niños y adolescentes de México.
Existe razón en el planteamiento científico, pero no en la forma de tratar el tema. Cuando más tacto político se necesita es cuando los empleados del presidente muestran menos empatía y más desdén hacia los más indefensos de ese pueblo “bueno y sabio” al que tanto evocan para sus consolidar su proyecto de nación.
Las autoridades federales en materia de educación atraviesan por la misma crisis de claridad y credibilidad cuando a ocho días de iniciar el nuevo ciclo escolar no pueden ni siquiera explicar o defender las estrategias de retorno a las escuelas, y el mejor ejemplo es la carta de corresponsabilidad presentada y desechada por el presidente en menos de una semana.
Los maestros no están convencidos de la idoneidad del retorno considerado ahora como esencial por parte del gobierno federal, sencillamente no sienten que existan las condiciones suficientes para garantizar medianamente su salud. Saben que una dosis de la vacuna no es, no será suficiente.
Los padres de familia saben que es importante y hasta urgente que sus hijos vuelvan a una dinámica de convivencia supervisada para evitar la llegada del virus a sus hogares, sin embargo, casi todos coinciden que el 30 de agosto es la fecha menos propicia dada la agresividad y transmisibilidad de la variante “Delta”.
La pandemia en su tercera ola se cruza una vez más con los planes de la 4T. El llamado a una necesidad cierta para volver a las escuelas no goza del eco suficiente en una sociedad que no olvida el trato de este gobierno hacia los menores, sobre todo en estos tiempos.
La desaparición de estancias infantiles, la falta de abasto en medicamentos para niños y niñas con cáncer, la decisión de no comprar vacunas para otras enfermedades como el sarampión, la difteria, la tosferina y la poliomielitis hoy pesan mucho en el ánimo colectivo.
Es así que cuando más fuerza moral se requiere para hacer frente a nuestros riesgos como país, menos certezas generan las explicaciones y llamados de la autoridad gubernamental para echar por delante a los más desprotegidos durante esta pandemia.
