Palabra de mujer
Rocío García Olmedo
[email protected] / @rgolmedo / rociogarciaolmedo.blogspo.mx
Se cumplió el aniversario 20 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, declarado por la ONU; el objetivo de estas declaratorias es el análisis de resultados, avances y faltantes. En Puebla no son los mejores.
Algunos datos: en la entidad de las 2.4 millones de mujeres de 15 años y más, 64.3% (1.5 millones) ha enfrentado algún tipo de violencia en su vida. Seis de cada 10 mujeres fueron agredidas por el esposo o pareja. Somos el sexto lugar nacional en feminicidios. El número de llamadas de emergencia reportadas en los primeros 10 meses de este año alcanzaron una cifra de 10 mil 132 casos, lo que nos ubica a nivel nacional en el sitio cinco, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con estos datos podemos afirmar que hay un grave problema de violencia contra las mujeres, una práctica social extendida en la entidad.
Esto ha llevado a colectivos de mujeres en Puebla a manifestar su repudio.
Desde el 23 de noviembre inició la toma del edificio del Congreso del Estado y un plantón en el exterior.
Entre el pliego petitorio solicitan conocer los avances y resultados en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, que desde abril de 2019 fue aceptada en el estado para 50 municipios.
Además de la problemática de acoso y hostigamiento sexual en instituciones de estudios superiores y la aprobación de las iniciativas que despenalizan el aborto en Puebla y que abordan la salud sexual y reproductiva.
Hasta ahora, no hay acuerdos a sus legítimas demandas.
Entre los informes presentados con motivo de la conmemoración internacional destaca “Violencia contra las mujeres e impunidad: ¿más allá del punitivismo?”, de la organización Equis Justicia para las Mujeres.
En este se visibiliza las consecuencias negativas de la tendencia a medir y estudiar la violencia contra las mujeres, con base en la ineficacia del sistema de justicia penal únicamente.
En diversos instrumentos que se consultaron se revisa y analizan encuestas oficiales que miden la violencia, la seguridad y la impunidad en México, pero “sólo miden la impunidad en términos de la ausencia de castigo, por la ineficacia del sistema de justicia penal, es decir, por el número de denuncias y sentencias que se abren por cada delito”.
Lo anterior invisibiliza el resto de las agresiones que no son percibidas por la justicia penal, ya sea porque no son delitos o porque no son denunciados, ocultando los obstáculos estructurales –en función del género– que enfrentan las mujeres al denunciar.
Quedan fuera de las mediciones, por ejemplo: “la violencia por parte de las fuerzas del Estado; la violencia institucional, estigma y revictimización contra las denunciantes; la violencia letal en transporte público y en transporte privado; violencia en servicios de salud y en el sistema de justicia; acoso y hostigamiento en escuelas y centros de trabajo, así como represión de mujeres migrantes y otras”.
Sin duda, a partir de este informe nacional, es importante impulsar en Puebla, su medición, con el único propósito de que las políticas públicas que sean implementadas y que pretendan disminuir la impunidad que afecta a las mujeres en Puebla, incluyan estrategias que involucren otros sistemas e instituciones de justicia más allá de las penales.
Esto puede ayudarnos a que las políticas públicas de prevención y atención sean diseñadas para desnormalizar las violencias históricamente legitimadas y reproducidas por las estructuras sociales, institucionales y estatales.
De nada sirven los principios y derechos plasmados en la ley si no podemos garantizar que una mujer regrese segura a su casa.
Y esta, si bien es tarea del gobierno, también es de la sociedad en su conjunto: denunciar y combatir.
