Ediles bajo fuego… político

Rubén Salazar / Director de Etellekt

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Sin duda, en estos primeros cua­tro años de la autollamada cuarta transformación (que este domingo “festejará” en el zócalo de la capi­tal la construcción de un país idílico, que sólo perciben el presidente y sus acólitos como una pareidolia), vivimos momen­tos estelares, pero en materia de violencia.

Nadie está a salvo de ser víctima de al­gún delito, ni siquiera las autoridades por las que votamos encargadas de brindarnos seguridad. Esta vez tocó el turno a Cris­pín Hernández Vásquez, alcalde electo de San Pedro Mixtepec (Distrito 26), Oaxaca, quien obtuvo el cargo mediante el sistema normativo indígena, asesinado la madru­gada del jueves a balazos mientras se diri­gía a su trabajo en un kínder, en donde la­boraba como conserje.

De acuerdo con datos de la consultora Etellekt, con él, 61 ediles propietarios han perdido la vida en hechos violentos duran­te el actual sexenio, entre ellos había 19 presidentes municipales, 31 regidores y 11 síndicos. La incidencia ya es 27% mayor a la registrada en todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y puede incrementar­se conforme se aproxime la elección pre­sidencial de 2024, si tomamos en cuen­ta que sólo entre 2017 y 2018, en pleno proceso electoral federal en el que Andrés Manuel López Obrador resultó electo pre­sidente, asesinaron a 52 ediles, algo no vis­to en los procesos electorales federales que datan desde 2000, si lo comparamos por ejemplo con los 16 ediles asesinados en el periodo 2011-2012, en el que se desarro­llaron los comicios que llevaron a la presi­dencia al priísta Enrique Peña Nieto.

De manera recurrente, AMLO presu­me haber llegado al poder sin que su mo­vimiento o adversarios rompieran una so­la ventana, lo que es totalmente cuestio­nable, por decir lo menos. Los cambios po­líticos recientes en México no pueden des­ligarse ni entenderse sin tomar en cuen­ta esta racha de atentados hacia autori­dades electas del nivel municipal, quienes también operan electoralmente como je­fe políticos de sus localidades para impul­sar a candidatos de sus partidos que aspi­ran a diversos puestos de los tres niveles de gobierno, incluyendo el de presidente de la República.

No por nada, en los últimos 22 años, han sido asesinados en México un total de 227 ediles titulares: 95 alcaldes, 100 regi­dores y 32 síndicos (Etellekt, 2022). Un re­cuento histórico que expone la vulnerabili­dad que enfrentan estas autoridades elec­tas en medio de las disputas políticas que tienen lugar antes, durante e incluso des­pués de las elecciones.

Coincido en que la seguridad debe pla­nificarse desde lo local como una alternati­va a las visiones centralistas de prevención del delito (ancladas en la actualidad en la presencia disuasiva de elementos milita­res, igual de frágiles ante el poder de fuego de la delincuencia, como lo vimos el mis­mo jueves con el asesinato del general José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas), pero me pregun­to, ¿cómo podrán los ediles hacerse corres­ponsables de salvaguardar a la ciudada­nía, si muchos de ellos no son capaces de proteger su propia integridad?

Ser alcalde, síndico o regidor represen­ta una actividad de alto riesgo, pero no en todos los casos. Por ejemplo, los 227 ase­sinatos dirigidos a ediles se produjeron en 26 entidades (con excepción de Aguasca­lientes, Baja California Sur, Ciudad de Mé­xico, Campeche, Nayarit y Querétaro, has­ta ahora, impermeables a estos magnici­dios) y 195 municipios de los 2 mil 471 que componen la República (8% del total).

Sin embargo, en estas 195 ciudades só­lo figuran dos de las 31 capitales y 16 de­marcaciones de Ciudad de México, debi­do al asesinato de dos regidores que per­tenecían a los ayuntamientos de Tijuana, Baja California (2011), y Centro, Tabasco (2016), este último previamente secues­trado en un viaje que hizo a Jalisco y halla­do sin vida más tarde, con señales de tortu­ra, en el estado vecino de Nayarit.

En su gran mayoría, las víctimas gober­naban municipios del ámbito rural que en­frentan una severa debilidad institucional, que en muchos casos no cuentan con una policía local o acaso poseen policías com­puestas por no más de cinco elementos en sus filas. Algo que ha sido denunciado por algunos alcaldes a los pocos días de asumir sus puestos, uno de ellos el presidente mu­nicipal de Aguililla, Michoacán, César Ar­turo Valencia Caballero, asesinado en mar­zo de este año tras salir de una reunión de seguridad con autoridades estatales y fe­derales que llegaron a reforzar la vigilan­cia de la ciudad, aunque no la del alcalde.

Una tónica que prevalece desde el ini­cio de la guerra contra el narcotráfico, a la que han sido alineados a la fuerza los go­biernos municipales por la autoridad fede­ral en los últimos tres sexenios, lanzándo­los al ruedo sin dotarlos de las capacidades institucionales para resguardarse a sí mis­mas ante las ineludibles represalias de la delincuencia a las que quedaban expues­tos. La indiferencia de las autoridades fe­derales o estatales sobre la terrible suer­te que corren los ediles, atrapados en una guerra en la que son el eslabón más débil del Estado mexicano, puede estar alimen­tada por las sospechas de los vínculos que éstos sostienen con la delincuencia, lo que empeora cuando emanan de partidos opo­sitores, quienes son el principal blanco de estos ataques. Un patrón que alcanzó una cúspide en el actual sexenio, como no se veía en la historia.

Basta un dato para reflejarlo: de los 19 alcaldes asesinados desde que AMLO asu­mió la presidencia, 79% eran opositores a los gobernadores (quienes despliegan sus propias estrategias de combate a la delin­cuencia, a contracorriente de la Federa­ción, muy probablemente supeditadas a los propios pactos que establecen con los grupos hegemónicos del crimen a los que protegen en sus entidades), responsables a su vez de nombrar a los fiscales generales encargados de investigar estos homicidios contra políticos, que en su mayoría conti­núan impunes.

¿Qué les depara a los actuales ediles de cara a 2024, con Morena gobernando –junto a sus aliados–22 entidades fede­rativas, pero no más de 20% del total de municipios?

¿Cuántos ediles más corren peligro si AMLO avanza en su proyecto de restaurar al régimen de partido hegemónico?