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Apenas 30, más los que se acumulen

Felipe Flores por Felipe Flores
26 noviembre, 2022
en Soliloquio
Apenas 30, más los que se acumulen
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Soliloquio

Felipe Flores Núñez

“¿Apenas van como 30?…Pensé que eran más, entonces me voy a apurar”.

Así el mandatario estatal Miguel Barbosa ironizó en conferencia de prensa sobre la cantidad de exservidores públicos que, durante su gestión, han sido someti­dos a procedimientos penales por la comi­sión de diversas irregularidades.

A pregunta sobre la reciente captura del expresidente municipal de Teziutlán, Edgar Antonio N., con lo cual en realidad son 32 los exfuncionarios del primer nivel de gobierno procesados, el Ejecutivo advir­tió que “continuarán las detenciones con­tra quienes en el pasado violaron la ley”.

Y remató: “Me voy a apurar más, por­que hay muchísimos que violaron la ley, saquearon a Puebla y se volvieron unos señores muy desenfadados; créanme que ejercieron plenamente su derecho a robar”.

Su afirmación se confirma, porque tan sólo en los casos de exalcaldes y otros fun­cionarios municipales señalados por diver­sos delitos, la lista parece interminable. Es­te hecho, que no tiene precedente, es alta­mente significativo a sabiendas de que los presidentes municipales han sido durante años prácticamente impunes.

En el caso más reciente del exalcalde teziuteco, que bajo las siglas panistas go­bernó de 2014 a 2018, su captura ocu­rrió el pasado jueves bajo acusaciones de falsificación de documentos y desvío de re­cursos, por una obra en el centro peniten­ciario de Teziutlán que fue pagada, pero no se ejecutó.

Antonio N. es el sexto exedil que ha sido sujeto a proceso y en la misma carpeta de investigación también se señala a otros de sus exfuncionarios, como la excontralora Leticia Viveros Hernández y la extesorera Alejandra Gallegos Díaz, a quienes se seña­la por un daño patrimonial de 3 millones 600 mil pesos, por la venta ilegal de vehí­culos oficiales.

Un día antes de su captura también fue vinculado a proceso Juan N., expresiden­te municipal de Chalchicomula de Sesma, así como otros cuatro integrantes del ca­bildo 2014-2108, por los delitos de ejerci­cio indebido de funciones públicas y abu­so de autoridad

Esa negra lista la encabeza Arturo N., alcalde de Acatlán de Osorio, detenido en mayo por ejercicio indebido de funciones y encubrimiento, situación que se deri­vó tras la muerte en una emboscada de su director de Seguridad Pública y de su esposa.

Y en julio cayó Miguel Ángel N., edil de Piaxtla, acusado de encubrimiento y ho­micidio; mientras que en septiembre fue capturado Eyerim N., exalcalde de Tepe­yahualco, por dar permisos para la cons­trucción de un muelle alrededor de lagu­na de Alchichica.

Ya en este mes se detuvo a Inés Saturni­no N., exalcal de de Tecamachalco, acusa­do de haber impedido en 2021 la captura de un líder delictivo. Fue vinculado a pro­ceso por los delitos de amenazas, desobe­diencia y resistencia a particulares.

Este fin de semana se supo, además, que exalcalde de Tehuacán, Felipe Patja­ne había sido sentenciado a seis años de prisión bajo el cargo de abuso de autori­dad, que aún mantiene un proceso vigen­te por uso ilícito de atribuciones y facul­tades. Durante su administración como presidente municipal habría firmado sin autorización del Cabildo cinco contratos de obras de calentadores solares, por un monto de más de 8 millones de pesos.

Hay otros casos más en los expedien­tes judiciales, como el de exalcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano, deteni­do tras una orden de aprehensión por abu­so de autoridad en 2021, o el de Evelio Ro­dríguez Cortés, quien fungió como alcal­de de Jalpan de 2002 a 2005, también ba­jo proceso por el presunto desvío de 8 mi­llones de pesos.

En la lista aparecen también Roberto Víctor Bolaños Altamirano, expresidente municipal de Zoquitlán; Isidro Espinosa Fuentes, exalcalde de Zapotitlán Salinas; y el exedil de Quecholac, Alejandro Martí­nez Fuentes, hermano de Antonio Valente Martínez Fuentes, El Toñín, supuesto líder huachicolero. También Edwin Mora, exe­dil de Huaquechula; y Miguel Ángel Ma­ceda, alcalde de Piaxtla; para un recuen­to global, desde 2019, al menos siete edi­les y ocho exalcaldes detenidos por delitos muy diversos.

Desde luego que la limpia contra fun­cionarios corruptos va más allá del ámbito municipal y, por lo que se insinuó, se aveci­na ahora un caso que podría suscitar todo un escándalo. Este fin de semana, el man­datario estatal Miguel Barbosa anunció que se aproxima “un gran litigio” contra la empresa queretana Construcciones y De­sarrollos Inmobiliarios Santa Fe SA de CV.

Por ahora se conoce que mediante ma­niobras irregulares, Codesa obtuvo en 2012 el contrato para edificar la platafor­ma donde actualmente se asientan las ins­talaciones de la plata automotriz Audi, en el municipio de San José Chiapa. Esa obra tuvo un costo de mil 853.9 millones de pe­sos y al igual que otros proyectos promo­vidos por Rafael Moreno Valle Rosas, los recursos se cargaron al erario estatal con un plazo de pago a 15 años, el cual vence hasta 2028.

El Ejecutivo aseguró que en esa tran­sacción hubo “grandes fraudes” y “abu­sos contra las finanzas públicas”, por lo que advirtió que a las denuncias por la vía civil y mercantil les acompañarán otras de carácter penal.

En esas otras acusaciones, se prevé, se podrían configurar cargos contra exservi­dores públicos de primer nivel de los dos recientes gobiernos panistas, los que “ha­brían modificado valores para favorecer la construcción de Audi bajo el modelo de PPS y entregársela a Codesa, aún y cuan­do no era lo más conveniente para las fi­nanzas estatales”.

—¿Alcanza para imputar a exfuncio­narios de primer nivel, a exgobernadores?, –se le preguntó–.

“Efectivamente es en contra de los servidores públicos que participaron en el otorgamiento de este contrato de esta obra, de este PPS, y sí alcanza a todos la responsabilidad”, confirmó.

Y enfatizó: “No se puede permitir que los rateros que se beneficiaron del poder lo sigan haciendo”.

En conclusión, seguirá creciendo la lis­ta de los exfuncionarios del primer nivel de gobierno sujetos a proceso penal, to­dos sustentados con elementos probato­rios suficientes.

No se trata, como se acostumbraba, de meros “chivos expiatorios” para simular que se combate la corrupción. La embes­tida contra los que “robaron a Puebla”, es en serio.

Por ahora “apenas” van 32, pero es­te paso, habrán de acumularse muchos otros más.

Etiquetas: detenidosexfuncionariosexservidores públicosGobierno de PueblairregularidadesMiguel BarbosaSololoquio

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