Lesly Mellado May
Aunque en materia de salud se ha dado por concluida la emergencia mundial por COVID-19, las secuelas permanecerán por varias generaciones en materia educativa, social y económica.
En un primer acercamiento al impacto en el bienestar social de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en México, la cifra es contundente: al concluir 2020 había 19.5 millones de menores de edad en situación de pobreza multidimensional, esto es, con carencias en vivienda, salud, educación, ingreso y seguridad social; 6 de cada 10, no cubrieron sus necesidades básicas con los ingresos disponibles.
Se calcula que entre 2018 y 2020 hubo un incremento de 2 puntos porcentuales de ese grupo etario padeciendo pobreza.
En el caso de Puebla, la entidad se colocó en tercer lugar nacional por el porcentaje de NNA en situación de pobreza: 69.9%, es decir, 7 de cada 10. La cifra es demoledora: un millón 450 mil menores de edad poblanos en pobreza moderada y extrema.
Este es el diagnóstico recién presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el informe “Pobreza infantil y adolescente en México 2020”.
Llama la atención que estos organismos consideran que el aumento de la pobreza en NNA es producto de la crisis de ingresos familiares que detonó la pandemia por COVID-19.
La pandemia refrendó que hay muchos “Méxicos” por lo que la crisis económica impactó de distintas maneras a los territorios y grupos poblacionales.
La disparidad territorial de la pobreza evidencia que en Chiapas y Guerrero, 8 de cada 10 NNA se encontraban en situación de pobreza en 2020, mientras que en entidades del norte del país como Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, eran 3 de cada 10.
“En las localidades rurales, la pobreza extrema en población infantil y adolescente fue casi 4 veces mayor que en las localidades urbanas de 100 mil habitantes o más. Sin embargo, la vulnerabilidad por ingresos es mucho mayor en las grandes zonas urbanas que en las rurales. Esto puede asociarse con las características de los mercados laborales; la informalidad en el empleo, la falta de acceso a un salario digno y a programas de protección social que reconozcan las características de los hogares pobres urbanos”, reza el informe realizado en alianza por UNICEF y Coneval.
Este informe, crudo, obliga a crear y mejorar políticas públicas en beneficio de NNA, que tienen derecho a tener una vida digna y sus familias a poseer herramientas que les permitan enfrentar crisis como la que recién oficialmente concluyó.
