Dr. Anselmo Salvador Chávez Capó
Profesor Investigador de la UPAEP
Durante la conferencia mañanera del pasado jueves, Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, anunció que en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasimi), por unanimidad y consenso se decidió un incremento de 20% al salario mínimo en 2023, incrementando a 207 pesos en el país y 312 pesos en la Zona Libre de la frontera norte.
Es evidente que era necesario un ajuste para este factor productivo, considerando que la inflación alta se mantiene como una constante, ya que en la primera quincena de noviembre de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.56 % respecto a la quincena anterior, por lo que la inflación general anual se ubicó en 8.14%. Adicionalmente en la misma quincena de 2021, la inflación quincenal fue de 0.69 % y la anual, de 7.05%, lo cual ha afectado el poder de compra de los trabajadores, minando el incremento que se dio para el 2022, que fue de 22%.
Debe tomarse en cuenta que el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo aumentó 0.68 % quincenal y 8.84% a tasa anual. El propósito de esa medición es dar seguimiento a las variaciones de los precios de 176 productos y servicios que la conforman, contenidos en las canastas alimentarias y no alimentarias del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y un factor de preocupación adicional es que esta canasta lleva acumulada hasta octubre de 2022 un 7.42%.
En este sentido cabe señalar que en el país hay 18.3 millones de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo, cuyo aumento entrará en vigor el primero de enero 2023, sin embargo sólo beneficiará a 6.4 millones de trabajadores que laboran en empresas formales, por lo que solo los trabajadores de empresas formalmente registradas y que pagan sus cuotas al al Infonavit y sus impuestos al SAT, son los que recibirán el beneficio, porque son este tipo de empresas las que están obligadas a acatar esta disposición.
La medida beneficiará a los empleados de cualquier sector, por ejemplo, comercio, industria de la construcción, o industrias en general, restaurantes y hoteles, o cualquier otra actividad, siempre y cuando laboren en una empresa formal, que los tenga registrados ante el IMSS. El resto, unos 11.9 millones de trabajadores que desempeñan su trabajo en el sector formal, podrían no verse beneficiados por el incremento salarial, debido a que al no estar registradas sus empresas en la formalidad, no están obligadas a acatar el nuevo acuerdo.
Finalmente se debe considerar que en el entorno productivo, este incremento al salario implicará un factor adicional de preocupación para las pequeñas y medianas empresas, ya que esto deberá conectarse a las cadenas de valor o su inserción en los clusters a partir de la atracción de inversión, por lo que se deberá equilibrar el incremento entre el salario mínimo y la inflación.
Cabe señalar también que este incremento se da en medio de la inflación más alta en dos décadas, la cual aún se conserva arriba del 8% a mediados de noviembre de 2022. En las encuestas hechas a empresarios, la preocupación predominante no han sido los salarios mínimos, sino los precios de los insumos, lo cual implica una disminución de la calidad de vida de los trabajadores.
Por tanto, es evidente que se requiere de un ajuste al salario, pero se debe cuidar que esto no implique un riesgo para la economía, tanto familiar como a nivel nacional.
