Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt/ www.etellekt.com etellekt@etellekt.com @etellekt_
La violencia política ha dejado una huella imborrable en la memoria de nuestra joven democracia en los últimos dos procesos electorales federales, convirtiéndose en un instrumento de competencia electoral que amenaza con dañar la equidad y certeza de los comicios, la confiabilidad de las autoridades electas y el futuro de la gobernabilidad democrática.
Tan solo en las elecciones de 2018, que abrieron la puerta al primer gobierno federal de izquierda, hubo un registro de 774 hechos delictivos contra políticos y candidatos, con un saldo de 152 víctimas mortales, de las que 48 eran aspirantes y candidatos a puestos de elección (Etellekt, 2018). La historia se repitió e intensificó tres años después, en los comicios de 2021, con una incidencia de mil 66 ataques a políticos (un incremento de 38% en comparación al proceso electoral de 2018), lo que abarcó 102 víctimas de homicidio doloso, entre ellas, 36 aspirantes y candidatos (Etellekt, 2021).
Aun cuando el fenómeno se hizo visible en los últimos cuatro años, posicionándose como uno de los temas más relevantes de la agenda política y de seguridad, se había manifestado tiempo atrás en comicios estatales no concurrentes, incluso fuera de los periodos electorales.
En los últimos 22 años, han sido asesinados en el país mil 271 políticos, entre los que había 144 aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección: 81% perseguía cargos municipales (alcaldías, regidurías y sindicaturas), otro 14% competía por diputaciones federales y gubernaturas, mientras que 6% restante aspiraba a diputaciones federales (Base histórica de violencia política de Etellekt, 2022).
Antecedentes que hacían prever un repunte de estas conductas en el presente año electoral y que elevaban el riesgo de que alcanzaran a personajes de las altas esferas de la política en el ámbito estatal. Sin embargo, la violencia homicida contra candidatos se ha mantenido por debajo de esas previsiones.
Entre el primero de septiembre de 2021 y el 31 de mayo de 2022, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política de Etellekt (IVP), en las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo se han presentado 85 agresiones contra personas políticas, de las que sólo 11 tuvieron como objetivo a precandidatos y candidatos (nueve mujeres y dos hombres), sin que haya víctimas mortales entre los abanderados.
De los 11 aspirantes agredidos, nueve compiten o competían como precandidatos por gubernaturas en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo (por el momento Durango y Tamaulipas no registran agresiones contra aspirantes a gobernador), y sólo dos por diputaciones estatales en Quintana Roo (el único estado que renovará su Congreso local. La violencia sigue sin alcanzar a las personas que se postularon por cargos locales en Durango (la única entidad que celebrará comicios para renovar sus 39 ayuntamientos).
Como lo anticipamos en este espacio en diciembre del año pasado, había condiciones estructurales que hacían poco probable un escalamiento de la incidencia de candidatos asesinados (tratándose de un delito que afecta mayoritariamente a personas que compiten por puestos municipales).
En primer lugar debido a que sólo habrá elecciones en este nivel de gobierno en Durango, aunado a que el homicidio de candidatos a ediles no es un problema habitual en la entidad; entre 2000 y 2022 han perdido la vida únicamente un par de contendientes a las presidencias municipales de Lerdo y San Dimas, durante la elección local de 2013. Un patrón similar se presenta en Quintana Roo, pues desde 2000 nunca han asesinado candidatos a diputaciones estatales, una tendencia inalterable a la fecha.
Finalmente, la prevalencia de magnicidios de abanderados a las gubernaturas es igualmente baja en la historia electoral del país. Desde las alternancias de 2000 hay solo dos precedentes: el asesinato de Armando Chavarría, aspirante del PRD a la gubernatura de Guerrero, perpetrado en 2009, y el homicidio de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, ocurrido en 2010.
Homicidios que continúan impunes y que se produjeron en medio de rupturas internas de los partidos que los nominaron, así como de un clima de homicidios por rivalidad delincuencial que posicionó
a dichas entidades entre las más violentas de la época. De concluir el proceso electoral 2022, sin víctimas mortales entre los candidatos, sería la primera vez que esto ocurre desde 2007.
¿Se debe cantar victoria? De ninguna manera. Los agresores han diversificado sus métodos interviniendo comunicaciones privadas de manera ilegal, bajo la modalidad del hackeo de cuentas de redes sociales. En las presentes campañas, de las 85 agresiones, 14 corresponden a estas operaciones ilícitas, quedando expuestos políticos de alto nivel como el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, un precandidato a gobernador y una candidata a diputada estatal, en el estado de Quintana Roo.
En las otras 26 entidades que no tendrán comicios, la lista de políticos que han denunciado el hackeo de sus redes sociales asciende a 67 en el mismo periodo, un esquema que se intensificó desde el proceso electoral de 2021 (Etellekt, 2021: p.13).
Pero también se han incorporado en el IVP, modalidades más sofisticadas de espionaje telefónico que han alcanzado a políticos y funcionarios de primer nivel, entre ellos al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, las cuales constituyen un delito.
Un arma desempolvada para acceder a información privada y sensible de los adversarios con el propósito de manchar su reputación con fines electorales, o como un medio de chantaje político. El cúmulo de casos apunta a que actores del Estado o exfuncionarios de agencias de seguridad e inteligencia (los únicos que disponen de los recursos y sistemas tecnológicos para llevar a cabo esas tareas), han empezado a construir una lista de expedientes de personajes de alta relevancia pública o política con fines de guerra sucia, teniendo como horizonte las elecciones presidenciales de 2024, la que sin duda será la madre de todas las batallas que pondrá a prueba la capacidad de los gobiernos de mantenerse al margen de la esfera electoral.
La intervención de comunicaciones, sin mandato judicial, deja a la luz que la “violencia política” viene del Estado y es política porque busca el desprestigio de los opositores y de disidentes, una acción que solo se explica en la competencia por el poder y no en el mundo criminal.
