Nora Yessica Merino Escamilla
En México, la violencia de género es un problema grave y persistente que afecta a millones de mujeres y niñas en todo el país. La violencia de género se manifiesta de diversas formas, como la violencia física, psicológica, sexual y económica, y es perpetrada por parejas íntimas, familiares, desconocidos y en algunos casos, incluso por agentes del Estado.
La violencia de género es considerada una violación a los derechos humanos y está prohibida por diversas leyes y tratados internacionales que México ha ratificado. Entre estas leyes destacan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Los recursos y participaciones federales son fondos públicos que son asignados por el gobierno federal a los estados y municipios con el fin de fortalecer sus capacidades y recursos en la lucha contra la violencia de género. Estos recursos pueden ser utilizados para diversos fines, como la prevención de la violencia, la atención y protección de las víctimas, la capacitación de los profesionales que trabajan en el tema, y la implementación de políticas y programas específicos para erradicar la violencia de género. Estos fondos son responsabilidad de cada ayuntamiento poder solicitarlos. Actualmente pocos entes lo solicitan o muchas veces los solicitan pero no concluyen el proceso.
Los gobiernos municipales pueden desempeñar un papel clave en la prevención y erradicación de la violencia de género en sus comunidades. A continuación, se presentan algunas medidas que los gobiernos municipales pueden tomar para abordar la violencia de género:
IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS
Los gobiernos municipales deben implementar políticas públicas integrales para prevenir y erradicar la violencia de género, que incluyan medidas de prevención, atención a las víctimas y sanción a los agresores.
CAPACITAR AL PERSONAL DEL GOBIERNO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Los gobiernos municipales pueden capacitar a su personal en temas de género y violencia, especialmente a aquellos que trabajan en áreas como la salud, la educación, la seguridad pública y la justicia, para que puedan identificar, prevenir y atender adecuadamente la violencia de género.
FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Los gobiernos municipales pueden trabajar en estrecha colaboración con otras instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad en general para fortalecer la coordinación y la acción colectiva para prevenir y erradicar la violencia de género.
PROMOVER LA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
Los gobiernos municipales pueden promover una cultura de igualdad de género y respeto a los derechos humanos, a través de campañas de concientización, programas educativos y culturales, y otras actividades que promuevan la igualdad y el respeto.
GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Los gobiernos municipales deben garantizar el acceso a servicios especializados para las víctimas de violencia de género, como refugios, atención médica y psicológica, servicios legales y de orientación, entre otros.
Es por ello que en esta LXI Legislatura presenté la iniciativa para la creación de los Institutos Municipales de la Mujer y hacer que estos servicios sean obligatorios en los 217 municipios, espero que sea aprobado pronto.
En conclusión, los gobiernos municipales tienen una responsabilidad clave en la prevención y erradicación de la violencia de género en sus comunidades. Esto implica la implementación de políticas públicas integrales, la capacitación del personal, la coordinación interinstitucional, la promoción de la cultura de igualdad de género, el acceso a servicios especializados y la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia de género.
La lucha contra la violencia de género requiere una acción colectiva y sostenida de todos los actores de la sociedad, incluyendo a los gobiernos municipales.
