Dr. Anselmo Salvador Chávez Capó
Profesor Investigador de la UPAEP
Como ya se ha señalado en este espacio, la inflación es un fenómeno que impacta de manera negativa en la calidad de vida de la gente. Una de las preocupaciones de los gobiernos en el mundo es controlar esta variable y los mecanismos para hacerlo van desde la disminución de dinero en circulación y la generación de programas consensuados entre los tres factores de la producción (empleados, empresarios y gobierno), hasta usar esquemas de política monetaria, como el incremento de la tasa de referencia para disminuir el consumo.
El problema para México es que al inicio de la pandemia la inflación registrada era de 2.15% (abril del 2020); sin embargo, a partir de diciembre de ese año, cuando ésta frisaba los 3.15% anuales, inició una pendiente positiva que hasta la fecha persiste y que ha llevado a este indicador a récords históricos en el siglo, hasta alcanzar 8.15% anual.
Para diciembre de 2021, cuando la inflación alcanzó el 7.36%, este indicador había incrementado en 242.36% con respecto a la medición de abril de 2020 por muchas razones: se habían roto las cadenas de producción, empezaban los escarceos de Rusia para la invasión a Ucrania y la pandemia azotaba con más fuerza.
Al continuar la quinta ola de contagios, para diciembre de 2021, ya alcanzaba 7.36%. Adicionalmente, las expectativas no eran muy halagüeñas en Estados Unidos, nuestro socio comercial más importante. Para esa fecha los precios ya habían aumentado 7.00% y para enero del 2022 dio un brinco que lo llevó a 7.5% anual.
Mientras tanto, en nuestro país el crecimiento era paulatino pero constante, para mayo el alza de los precios llegaba al 7.46%.
Al observar esta tendencia de crecimiento, el Gobierno Federal recurrió a un viejo amigo ya enterrado en el pasado debido a que las condiciones macroeconómicas así lo permitían, pero que en esta coyuntura era aparentemente una opción viable: el pacto de los factores de producción, donde los tres elementos productivos se pondrían de acuerdo para limitar el crecimiento de los precios, y le llamó Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).
¿Cómo se conceptualizó este programa, de qué manera fue operado y cuáles son sus resultados?
A continuación se desarrollan brevemente estos aspectos, en cada una de sus cuatro estrategias.
Estrategia de Producción. Consiste en la estabilización del precio de la gasolina y el diésel, tarifas de referencia del Gas LP y electricidad. (Incremento de la oferta de alimentos) con la cual se prevé que este año México aumente en 2.8 millones de toneladas su producción de los principales granos básicos.
Bajo ese eje se orientaron los principales esfuerzos de los programas: Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Precios de Garantía.
Estrategia de Distribución. Fortalecimiento del plan de seguridad en las carreteras, con más de 12 mil elementos y 2 mil 300 vehículos que garantizarán la seguridad en estos caminos. El no incremento en peajes, ni el incremento en las tarifas durante el 2022. Exención de Carta Porte (básicos e insumos) hasta el 1° de octubre del presente año y, de ser necesario, éste se prolongaría por otro periodo más, así como el no aumento de tarifas ferroviarias ni de contraprestación por la interconexión.
Estrategia de Comercio Exterior. Reducción en costos y tiempo de despacho aduanal, mayor volumen de operaciones en todas las aduanas (fronterizas, marítimas o interiores).
Hacer más expedito el reconocimiento aduanero, el despacho ágil de carga en puertos marítimos, aceleración en el dragado preventivo y carriles automáticos, así como su funcionamiento durante las 24 horas y aumento de personal. Aranceles cero a la importación (básicos e insumos) de 21 de 24 productos de la canasta básica y cinco insumos estratégicos, medida que es temporal por seis meses,
Otras medidas. La constitución de una reserva estratégica de maíz (medida de emergencia). La compra de 800 mil a un millón de toneladas de maíz con recursos de Segalmex. Precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche, continuar implementando el Programa de Precios de Garantía que establece un precio mínimo de compra a pequeños productores y el fortalecimiento del programa de abasto de Diconsa y Liconsa.
La participación privada en el pacto es central para el sostenimiento del programa, para lo cual se ofrece una coordinación comprometida con el gobierno por seis meses, extensible tras la evaluación de su impacto, esperando que después del anuncio presidencial se sumen más empresas a este espacio de diálogo y concertación, como es el caso de la oferta de Teléfonos de México de no incrementar los precios de los servicios de Telmex y Telcel.
De manera adicional, se establece fijar precios en 24 productos de la canasta básica para evitar que la inflación siga afectando la economía de los hogares.
Estos productos son: aceite de canola o maíz, arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina blanco y jabón de tocador.
También del jitomate saladet, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahoria.
Esto quiere decir que sólo estos 24 productos podrán mantener su precio en todas las entidades del país y adicionalmente se esperaba que el Gobierno de México aportaría el equivalente al 1.4% del Producto Interno Bruto.
Los beneficios a priori, sin ser espectaculares, parecen apoyar la estrategia seguida. La inflación al mes de julio es de 8.15% (en espera del dato de la primera quincena de agosto). Se estima que, sin el programa, sobre todo en lo que respecta al subsidio a las gasolinas, se hubiera incrementado en 10.8%. Asimismo, los costos fiscales para el programa han representado un impacto para el gobierno de 574 mil 624 millones de pesos, distribuido en los siguientes rubros:
- 430 mil millones de pesos para subsidios a la gasolina.
- 73 mil millones de pesos para subsidios a la electricidad doméstica.
- 68 mil 874 millones de pesos para controlar costos de alimentos.
- 2 mil 750 millones de pesos para congelar las cuotas en las carreteras.
Mientras que el plan para controlar los precios de los alimentos incluye lo siguiente:
- 11 mil 373 millones de pesos para el pacto con empresas para limitar precios de alimentos.
- 29 mil 900 millones de pesos en el programa Sembrando Vida.
- 14 mil millones de pesos en el programa Producción para el Bienestar.
- 5 mil 200 millones de pesos en fertilizantes.
- 4 mil 556 en abasto y adquisición de leche.
- 2 mil 228 en el programa de abasto rural a cargo de Diconsa.
- Mil 606 en programa de Fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura.
Se estima que sin la implementación de este paquete y con la escalada actual en los precios, el consumo en los hogares hubiera caído, y con éste el volumen de ventas, el IVA y todo el movimiento económico, lo que hubiese provocado un mayor incremento en las tasas de interés del Banco de México, que a su vez tendría como consecuencia un aumento en el costo de la deuda pública, de las hipotecas, de las tarjetas de crédito y de la deuda privada.
Al retomar las ideas presentadas por Vamos México, las cuales señalan que si bien el objetivo de mantener una inflación baja y estable es la función principal del Banco de México, era fundamental que un paquete de medidas diseñado por el gobierno federal para contener el aumento de la inflación resultara de una acción coordinada de política económica entre autoridades monetarias y fiscales, sin embargo, el gobierno requiere hacer un esfuerzo creíble con vistas a eliminar los obstáculos institucionales, de seguridad y de costos hundidos a la producción.
En este sentido México debería tener un plan que le permita atraer inversiones, desarrollar nuevos empleos y mejor pagados, y enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de la región de Norteamérica, en donde nuestros socios estratégicos llevarán a cabo el “nearshoring” (estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros).
El plan parece apoyar el combate a la inflación, lo que hay que preguntarle a la gente es si éste le ha ayudado en sus bolsillos, situación difícil de creer cuando el incremento de los precios es del 1.02% en el renglón de los alimentos, bebidas y tabaco, o los recientes anuncios de las empresas embotelladoras de refrescos, así como los de la leche, que aplicarán un incremento de un peso a sus productos.
Regresando a la pregunta original: ¿ha funcionado el programa? Y la respuesta es no, por lo menos en el día a día de la población.