Por: Jorge Alberto Calles Santillana
Una. Como todo proceso político de nuestra actualidad, la consulta popular del domingo pasado no ha quedado exenta de análisis sesgados e interpretaciones polarizadas. Tanto por su origen, como por su naturaleza y ambigüedad, la atención ciudadana se enfocó en el propósito y contenido de la consulta y no en el hecho de que fue el primer ejercicio de este tipo que organiza y realiza el Instituto Nacional Electoral, después de la aprobación de la ley federal, ocurrida en 2014.
Dos. Desde esa perspectiva, habrá que ver con preocupación la inauguración de este mecanismo, que debería resultar de suma importancia para el proceso democratizador que, con avances y retrocesos, ha venido viviendo nuestro país en las últimas cuatro décadas. Dos razones: nunca quedó claro el propósito de la consulta, lo que se hizo evidente con la poca claridad de la pregunta y la poca participación ciudadana en el proceso.
Así, este primer acto de consulta ciudadana queda marcado, lamentablemente, por la confusión, el desinterés y el debate polarizado. La impronta de la consulta es la de un proceso absurdo, de nula utilidad. Esta es muy posiblemente la interpretación que queda en el imaginario colectivo y contra la que habrá de luchar en el futuro. Revertir esta percepción exigirá que los siguientes ejercicios estén orientados a atender necesidades y preocupaciones propias de la vida ciudadana, no del poder, y basados en preguntas elaboradas con lenguaje claro, preciso y directo.
Tres. Más allá de que, efectivamente, la baja asistencia a las urnas pueda interpretarse desde una perspectiva política (apoyo/rechazo al presidente), o desde otra más simbólica (la absurdidad de consultar la aplicación sobre la ley/la relevancia de la expresión ciudadana) u otra literal (la claridad/confusión del cuestionamiento), hay otra dimensión que debemos considerar porque también jugó un papel importante: la organizativa. El hecho de que fuera una consulta, no una elección; que no participaran partidos ni candidatos y que, por tanto, no hubiera dinero repartido entre agentes para llevar a cabo el proceso, muestra que la expresión ciudadana y la cultura política conservan las marcas del viejo régimen priísta que basó su operación y eficacia en la cooptación, la compra de votos y el acarreo.
Por más que se quiera negar y ocultar, es un hecho que todos los partidos políticos y todos los candidatos recurren a la compra del voto. El hecho no es menor porque exige preguntarnos si es posible avanzar hacia escenarios más democráticos a través de estas consultas cuando el ejercicio democrático por excelencia, la emisión del voto, es todavía en México una práctica dominada por una visión autoritaria. ¿Qué futuro tiene la consulta popular en nuestro país cuando buena parte de la ciudadanía decide su voto con racionalidad económica?
Cuatro. Aun cuando el presidente celebró como un triunfo la consulta (el voto abrumador por el sí le facilitó evadir el problema de la baja participación), no dejó de reconocer implícitamente que el ejercicio le incomodó. Sugirió, por consiguiente, tanto que se reduzca el porcentaje de asistencia que confiera el carácter de vinculante a la votación, como que se cambie la fecha de las consultas para empatarlas con procesos electorales. Si alguna buena lección dejó este ejercicio es que tanto el porcentaje ya acordado (40%) como su calendarización no coincidente con elecciones es lo más conveniente para que las consultas ciudadanas puedan algún día llegar a ser verdaderos instrumentos ciudadanos de equilibrio de poder.
La ciudadanía votará con interés y el porcentaje requerido será alcanzado, cuando se le consulte sobre sus preocupaciones y necesidades. Lo hará también los primeros domingos de agosto, como lo marca la Constitución, con la mente enfocada en el problema a atender y no haciendo conexiones entre el asunto, los partidos y los candidatos. La fecha de agosto se puede considerar también funcional porque si las consultas confluyeran con las elecciones, el partido en el poder (cualquiera, el partido que lo ostente en ese momento) podrá emplear propaganda para inclinar el resultado hacia sus intereses y no hacia los de los ciudadanos.
Cinco. El Instituto Nacional Electoral realizó, de nueva cuenta, un espléndido trabajo. Sin presupuesto y con la maquinaria del estado en contra, sacó adelante el proceso y contó con el apoyo ciudadano tanto en la organización del evento como en el proceso de su realización. Hace falta, no obstante, una explicación a las imágenes mostradas por unos videos que circularon en las redes.
Se ve en ellas a funcionarios de casilla o a miembros de partidos políticos, cruzando boletas e introduciéndolas a las urnas. La seriedad del Instituto Nacional Electoral y la confianza que goza de parte de la ciudadanía no deben verse dañadas por hechos como éstos.
Seis. La consulta popular llegó para quedarse. Habrá que trabajar para impedir que, como normalmente ha venido ocurriendo en México desde mucho tiempo atrás, las iniciativas ciudadanas terminen siendo invalidadas por el poder, ya sea por la vía de la apropiación o por la vía de la minimización.
Que la consulta popular contribuya a que avancemos hacia nuevos escenarios en el ámbito democrático.