Por: Mariana Flores
Que la federación dé la cara y no evada su responsabilidad para solucionar el conflicto entre pobladores de San Mateo Cuanalá, en Juan C. Bonilla, y una empresa embotelladora de agua que mantiene sus puertas cerradas desde hace cuatro meses, demandó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Este jueves, trabajadores de la misma empresa, acusada por explotación de los mantos acuíferos en la zona, mostraron frente a Casa Aguayo su inconformidad con el cierre de la planta y exigieron su inmediata apertura.
Los manifestantes argumentaron que se trata de su única fuente de empleo, por lo que no han percibido su pago desde marzo, cuando pobladores se instalaron en la planta para evitar su funcionamiento.
En respuesta a la demanda de intervención, Barbosa Huerta señaló que es competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que dijo que debe ser a través de la Secretaría de Gobernación federal que se intervenga para buscar una solución.
De esta forma, el mandatario descartó el uso de la fuerza pública para desalojar a pobladores del colectivo Pueblos Unidos que mantienen tomada la planta embotelladora en Juan C. Bonilla.
