Rubén Salazar/Director de Etellekt
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Tuvieron que transcurrir más de cuatro años para que la oposición, “moralmente derrotada”, despertara por fin del letargo en el que se hallaba desde 2018 y anunciara por fin una movilización masiva en las calles, para oponerse a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que intenta despojar al Instituto Nacional Electoral (INE) de su autonomía y convertirlo en un tubérculo más del régimen, que legitime las elecciones de Estado en favor de los candidatos y candidatas de Morena en los futuros comicios, locales y federales.
Algo estarán haciendo bien los organizadores de la marcha, a desarrollarse la mañana de este domingo, en punto de las 10:30 horas, en más de 50 ciudades capitales y metropolitanas, que el presidente ha pasado de las burlas a las descalificaciones vulgares para referirse a las personas que asistirán al acto, a las que desde el pasado lunes ha tildado iracundamente de aspiracionistas a fifís, cretinos, racistas, corruptazos, rateros, conservadores, hipócritas, clasistas, superiores, sabiondos, déspotas (por maltratar a sus trabajadores) y ladinos (por que se “desclasan”, al venir de abajo y desconocer sus orígenes).
Denostaciones típicas de un político dedicado a polarizar y no a gobernar para todos (“trabajando” cuatro horas al día se entiende el por qué ha fracasado en lo segundo), sin hacer distinciones partidistas o de clase. Lo que replicó nuevamente en la cuenta oficial del gobierno de México en Twitter, al advertirle a los que acudan a la marcha que es una manifestación en contra de su gobierno, por la política que lleva “a cabo en favor del pueblo”, entiéndase, en favor de los pobres. Querrá decir, en favor de la pobreza.
Porque resulta que esa misma política asistencialista de “bienestar”, trazada por sus predecesores neoliberales bajo las etiquetas de Solidaridad, Oportunidades y Progresa, continúa operando a la fecha sin cambio alguno y con las mismas prácticas de corrupción que la han acompañado como rémoras, solo que obteniendo peores resultados en el presente (como su política de Gas Bienestar, que jamás vendió gas a mejores precios sino tanques repletos de puro humo).
Tan sólo entre 2018 y 2020, en los primeros dos años de la llamada cuarta transformación, 3.8 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza, al pasar de 51.9 a 55.7 millones de mexicanos, lo que equivale a 43.9% de la población (Coneval, 2021). Situación que puede agravarse por los incrementos históricos de la inflación en alimentos a lo largo del presente año. Este gobierno no sólo ha generado más pobres, sino más víctimas de homicidio doloso y desapariciones a causa de su desastrosa estrategia de seguridad, en comparación a sus antecesores neoporfiristas, y eso le cala profusamente al presidente en las entrañas.
Como bien lo decía AMLO, la paz es fruto de la justicia, la que no ha podido concretar por decisión propia, ya sea debido al nulo crecimiento económico en la primera mitad del sexenio, que le impidió atacar las causas sociales o estructurales del delito como había prometido, o por la impunidad que promueve en el sistema de seguridad y justicia, bajo la lógica perversa de los abrazos cómplices con la delincuencia.
La pobreza y violencia letal exacerbada impulsaron a la ciudadanía a votar por AMLO en 2018, con la esperanza de construir un futuro distinto. La democracia es en sí misma un sistema que procesa civilizadamente las aspiraciones del ser humano por el bien común e individual. Entonces, ¿por qué el presidente se opone a que las y los mexicanos ejerzan su derecho inalienable e indeclinable a proteger su derecho a votar en elecciones libres e imparciales, como único mecanismo pacífico y democrático para cambiar de rumbo y liberarse de los malos gobiernos?
Es simple, teme perder el poder. A estas alturas del partido, AMLO es menos popular que los expresidentes de la era neoliberal. En sus primeros 15 trimestres de gobierno, su aprobación es de 58.3%; en el mismo periodo, la popularidad de Carlos Salinas de Gortari rondaba 74.1%; y la de Ernesto Zedillo Ponce de León, 64.4% (Mitofsky, 2022). Ambos expresidentes catalogados por AMLO como los artífices de un modelo económico decadente, cuyos resultados ni siquiera ha sido capaz de superar. Los pobres resultados de su administración amenazan con cargarle la factura a su partido en 2024, claro está, en un entorno de elecciones limpias y democráticas, con un árbitro independiente.
Pero existe otro factor que lo inquieta como un mosquito zumbándole al oído por las noches sin dejarlo dormir. Las dudas que le genera su corcholata predilecta por su proclividad al neoliberalismo (de lo que se ha dado cuenta en esta columna en entregas previas) y por haber permitido que excolaboradores cercanos de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto se enquistaran como un caballo de Troya en el gobierno de Ciudad de México, como parte de un pacto en el que le ofrecieron a Claudia Sheinbaum respaldar su candidatura presidencial, saboteando la candidatura de unidad de la coalición PAN-PRI-PRD a la presidencia a efecto de fragmentar el voto, a cambio de que una vez instalada en la silla del águila revierta el proyecto político de AMLO.
La marcha en defensa del INE no es más que un acuse de recibo de las principales organizaciones convocantes (la mayoría conformes con la idea de respaldar a Claudia como la candidata del sistema ante el descrédito social que padecen los perfiles opositores) a las dudas ostensibles del presidente, que manifestó al lanzar a su “hermanastro” Adán al ruedo de la sucesión, pero sobre todo al desempolvar su reforma electoral en caso de que su bateador emergente siga sin levantar.
Nota. El nombre correcto del exconsejero electoral que comparó la encuesta del INE sobre la reforma electoral de AMLO como haberse dado “un balazo en el pie”, citado en la columna anterior, es Marco Antonio Baños.
