La reforma electoral de AMLO: la política como negocio

Rubén Salazar/Director de Etellekt

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“Como darse un balazo en el pie”. Así calificó el exconsejero electoral, San­tiago Baños, la encuesta del Institu­to Nacional Electoral (INE) en la que 51% de los entrevistados dijeron estar a favor de la reforma electoral del presiden­te Andrés Manuel López Obrador, recha­zada por los opositores de su gobierno –y consejeros electorales– al considerarla una iniciativa regresiva, que pretende anular la autonomía del INE (alcanzada hace 26 años con la reforma política de 1996) y de­volver la organización de los comicios al régimen, lo que daría al traste con la im­parcialidad de la nueva autoridad electo­ral, a la que se propone denominar Insti­tuto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

Un par de propuestas de la iniciativa de AMLO enviada a la Cámara de Diputados, abonan a esta preocupación:

1. Los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia encarga­da de resolver controversias electorales, se­rán electos por voto popular, a propuesta de los tres Poderes de la Unión (con el Mo­vimiento Regeneración Nacional deten­tando el poder Ejecutivo y teniendo una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso federal, con la ayuda del PRI –su nuevo aliado–, sin olvidar la presencia de magistrados de la Suprema Corte de Justi­cia de la Nación, nominados por el presi­dente), en la que cada poder enviará una lista paritaria de 20 aspirantes a conseje­ros del nonato INEC y 10 aspirantes a ma­gistrados del TEPJF.

Una idea apoyada por 74% de las per­sonas encuestadas por el INE. Por lo me­nos en este punto, a quienes se les ocurrió la brillante idea de contratar el sondeo, no podrán negar la entusiasta y desborda­da vocación democrática del pueblo. ¿En serio pensaban que la mayoría estaría en contra de elegir a los encargados de con­tar los votos?

2. La desaparición de los institutos (or­ganismos públicos locales electorales) y tribunales electorales de las 32 entidades federativas, con lo que las elecciones esta­tales y municipales serán organizadas por el INEC. Lo que haría renacer al régimen de partido hegemónico, un sistema po­lítico con el que tanto sueña el presiden­te, concibiendo a Morena como un agu­jero negro engullendo los escombros de la oposición, en estados y municipios. En este rubro, 53% de los encuestados esta­rían de acuerdo con la extinción de estos organismos.

Si lo que buscaban en el INE era demos­trar que el grueso del electorado no estaba conforme con la idea de refundar al siste­ma electoral mexicano, sólo le dieron más cuerda al presidente y a sus adeptos para justificar la necesidad de la reforma (que planean aprobarla en pleno desarrollo del Mundial de la FIFA Catar 2022), quienes tomaron los datos de la encuesta como una prueba de que los mexicanos están a favor de transformar al INE para hacerlo menos costoso e impedir que siga “en ma­nos de la oligarquía antidemocrática, (y) corrupta”.

Una completa mentira que, repetida mil veces, AMLO convierte en verdad po­pular. La reforma no generará ahorros, por el contrario, al plantear que los conse­jeros y magistrados electorales sean elec­tos cada seis años, implicaría una carga adicional a las finanzas del INE, similar a la de una elección presidencial o interme­dia, a no ser que el ejercicio concluya en una caricatura parecida a la revocación de mandato o lo organicen los propios ciu­dadanos, usando servilletas como boletas electorales y contando los votos en sus ca­sas, como proponía el presidente al recha­zar los reclamos del INE por el recorte a su presupuesto.

Lejos está de promover un ejercicio de democracia directa para elegir a los fun­cionarios electorales –como creen román­ticamente algunos opositores del presiden­te–, que en los últimos dos sexenios han si­do nominados por la vía de las cuotas par­tidistas, un esquema de democracia indi­recta que se mantendrá, sólo que ahora te­niendo a Morena como grupo político cua­si hegemónico.

Y tampoco pondrá fin a los privilegios de los que gozan los actuales consejeros y magistrados electorales, como promete el presidente; sólo pasarán a manos de la nueva clase política morenista, ávida de las aspiraciones y tentaciones burguesas, que el presidente quiere desincentivar en el pueblo, pero que defiende a capa y espada entre sus familiares y correligionarios, que las practican compulsivamente.

Al acotar al INE, el presidente no pon­drá fin al régimen de corrupción y privile­gios del pasado como pretende hacer creer a la gente, su único propósito descansa en conservarlo y adueñarse de él por largo tiempo, imponiendo en la línea de sucesión a una dinastía compuesta por hermanas­tros, entenados políticos, familiares, mili­tares y amigos (la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, aplicada al noble “oficio de la política” mexicana, en su máxima expresión), repartiendo migajas a los gru­pos vulnerables (pensiones y becas), que continúan empobreciéndose o enrolán­dose en actividades delictivas de alto ries­go para su integridad, con el lúgubre sal­do de asesinatos en el presente sexenio, el de mayor violencia homicida en la histo­ria del país.

Trabajando tres horas al día quizá el presidente no pueda construir un mejor país, pero el tiempo le sobrará a la hora de saquearlo y preparar el terreno electoral para monopolizar el poder en las próximas décadas. De concretar el golpe al INE, to­do indica que para AMLO (y para muchos de sus adversarios de los que dicen ser dis­tintos), la política no es un oficio, sino un jugoso negocio.