Por: Ramsés Ancira @ramsesancira
Historias para armar la Historia
De repente la palabra “chayote” se puso en boca de muchos, pero si forman parte de los adoradores del presidente López Obrador, generalmente la aplican a reporteros de la vieja guardia, mayormente de los que participan en programas de televisión. Se usa sin conocer mucho el porqué de su significado. Un fruto muy espinoso mientras se encuentra en el sobre (todavía no se usaban las transferencias electrónicas) pero dulce una vez que se traslada a la cartera del sedicente reportero, el jefe de información o el encargado de las finanzas de un medio.
En el “neochayote” no están todos los que se dicen, y no aparecen muchos de los que están.
No funciona así. Son mini páginas de youtubers que nadie ve, pero que reciben campañas de gobiernos municipales; o dinero en efectivo que no pasa por cuentas bancarias, de empresarios buscando contratos de los presidentes municipales a los que ayudaron a imponer, perdón, a ganar elecciones.
La Silla Rota acusó a determinadas personas, que “solo por casualidad” son las que más oportunidades tienen de preguntar en la conferencia, matutina de López Obrador, y cuando no lo hacen los apuntan en la lista para preguntar en la siguiente. Tengo la impresión, casi la seguridad de que esos neochayoteros no reciben dinero del gobierno federal, pero sí, hay indicios de que son consentidos de Mario Delgado, sin que por eso el presidente del partido Morena sea el único corruptor. Hay otros que quieren derrocar cónsules, por ejemplo, para manejar recursos que les otorga Biden a los migrantes, como apoyo por el desempleo durante el coronavirus.
No siempre se trata de corrupción, quizá solo sea inexperiencia para abordar temas de interés nacional. Como sea, esto provoca que el periodismo que importa quede relegado.
El periodismo en México, y no debe ser sorpresa, ha funcionado también como un correo de insultos y halagos entre poderes, o incluso entre gobernadores y suspirantes, que siempre citan las palabras del “señor presidente”. Lo lamentable es que nunca hayamos estado tan cerca como ahora de llevar la voz de la sociedad al jefe del Ejecutivo y, una buena parte del tiempo, no podemos hacerlo, porque se les concede el espacio, y el micrófono, a personas con intereses ajenos al periodismo.
De por sí es difícil tomar la palabra, pero aun cuando así sucede y aunque el presidente se comprometa ante millones de personas que lo ven a diario, no siempre le hacen caso. Bueno, ni, aunque el presidente publique sus deseos en el Diario Oficial, como ocurrió el pasado 28 de agosto de 2021, su gabinete se empeña. Ese día fijó fecha para integrar una comisión que estudiaría los casos de personas que tendrían que obtener su libertad por no haber en contra de ellos más pruebas que confesiones arrancadas con el sutil método del pocito, o invisibles choques eléctricos en mucosas y genitales.
El primer obligado a proceder debió ser Netzaí Sandoval, no solo para corresponder al presidente por la confianza de haberle dejado cargar el portafolios, sino porque es el titular de la defensoría pública federal; gana más que López Obrador, y es la fecha en la que no ha puesto en libertad a ningún torturado. Más que eso, los abogados de la Defensoría ni siquiera han acudido a las audiencias, cuando toca el turno de que una presa se caree con las torturadoras que les aplicaron tormento.
Otro hijo de su… bediente es Martí Batres. Claudia Sheinbaum se adhirió al acuerdo presidencial. El responsable de lo que ocurre en las cárceles de la Ciudad de México es el secretario de Gobernación, pero no se da por enterado.
Hace unas semanas un joven que ya había pagado su sentencia por delitos previos, fue arrestado con lujo de violencia en el interior de su casa, en un operativo como si se tratara de arrestar a un Salinas de Gortari, o alguien de esa talla. Le colocaron en su vivienda dos paquetes aproximadamente de medio kilo, supuestamente drogas, y luego, ante el terror de su esposa, lo condujeron al reclusorio.
Parece que el muchacho apartaba lugares y lavaba coches en la vía pública. El negocio resultó muy productivo, a alguien le dio envidia y lo acusó falsamente. La misma historia que contó Luis Spota en “Cadena perpetua”. Esta vez la víctima no fue un contador, sino un humilde “viene, viene”. Ocurrió en Iztapalapa, por si a Batres le interesa hacer el trabajo que le corresponde, y que, por cierto, no es el de promover a Claudia Sheinbaum a la presidencia.
Pero regresando al tema. No basta con llegar a las 3:30 de la mañana, como lo hizo recientemente la compañera de Guerrero, Ernestina Aguilera. No es suficiente permanecer de pie dos horas y media sobre la calle de Moneda, a veces con lluvia, otras veces con frío. No basta ser de la tercera edad o venir desde muy lejos. Aunque al periodista le asignen un número del 1 al 10, no hay garantía de primeras filas. Servilletas blancas en el lomo de esas sillas indican que están reservadas para el representante de algún periódico, un multimedia o medio digital. Los conocimientos periodísticos de los encargados de prensa, no alcanzan para distinguir entre medios fríos, calientes o hirvientes como los hubiera llamado Mc Luhan.
Es más, en el equipo de Jesús Ramírez Cuevas, los egresados de estudios periodísticos, no son mayoría.
UNA ALERTA DE SEGURIDAD QUE NO ENCONTRARÁS EN LOS MEDIOS PÚBLICOS
Los teléfonos inteligentes no lo son tanto. Abundan aplicaciones fraudulentas mediante las cuales otorgan préstamos, no sin antes pedir acceso a todos los contactos y a todas las fotografías que tengan las personas en sus aparatos. Las personas que ya tienen al casero en la puerta para cobrar la renta, o un hijo enfermo, por mencionar ejemplos cotidianos, dan acceso a sus datos personales, para obtener de mil a cinco mil pesos. A las personas del directorio de contactos, etiquetadas como “mamá”, o “papá”, o tienen los mismos apellidos de las que solicitaron un préstamo, en automático los convierten en “deudores solidarios”, y son sujetos de amenazas si no pagan la cantidad prestada mediante depósito en cuenta, más, alrededor del 100 % de intereses… semanales
Muchas menos personas recibirían un wattsapp con su foto, a la que le sobreponen la palabra “ratera”, si agencias como Notimex o el Sistema Público de Radio y televisión pública cubrieran noticias o hicieran reportajes de interés público. Para Sanjuana Martínez o Jenaro Villamil, los medios son para recordar efemérides y hacer entrevistas con personajes que queden bien con el presidente López Obrador, quien, por cierto tampoco debió ceder los tiempos oficiales, en donde se podían transmitir estos mensajes de alerta a la ciudadanía.
Con la confianza absoluta en las redes sociales, el presidente prescindió de anuncios de interés social que se transmitían a grandes audiencias, como las que ven “La rosa de Guadalupe”. Precisamente este es el perfil y el nivel educativo de quienes resultan víctimas de estos fraudes.
Los tiempos oficiales no son propiedad del presidente, y por lo tanto no los debió haber regresado ni a Azcárraga, ni a Salinas Pliego. Todo lo que se difunde a través del espacio aéreo mexicano, es propiedad de la Nación, no del presidente, y hay muchos mensajes de servicio público que han dejado de llegar a la audiencia que los requiere, porque en YouTube o en Facebook, no cuesta ningún trabajo cambiar de canal.
Un ejemplo de cómo operan estas aplicaciones de préstamos: Del número telefónico 5523 17 638 que aparentemente pertenece a un call center, llaman insultando a personas y exigiéndoles el pago de un préstamo del que no tienen la mínima idea. Cuando se les pregunta a dónde se puede acudir a liquidar y enviar el comprobante del finiquito, dicen que por seguridad solo aceptan pagos en Oxxo o transferencias telefónicas.
Cuando se les replica que el interés del 100 por ciento a la semana representa un delito sancionado por el Código Penal Federal, responden con insultos, generalmente racistas, amenazas y violencia sexual. Ni se diga si la persona responde que va a reportar el teléfono a la policía cibernética.
Una buena opción para defenderse de esta delincuencia organizada, es acudir desde cualquier lugar del país al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, reportarles el número de teléfono y la cuenta bancaria a la que le obligaron a hacer los depósitos que le piden.
