Por: Lesly Mellado May
El río Atoyac tiene exceso de contaminación, diagnóstico, planeación y presupuesto, pero no ha contado con voluntad política para ser saneado. Esta semana testificamos la enésima firma de convenio entre la Federación y los estados de Puebla y Tlaxcala para ahora sí sanear al río Atoyac.
El año pasado hicieron lo propio 15 presidentes municipales tlaxcaltecas con la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera. Y así han firmado cada gobernador y alcalde que ha pasado por estos rumbos.
Pero tantas firmas no han sido suficientes. Y es que todos empiezan por decir que harán un diagnóstico cuando lo que sobra son estudios de universidades, de instancias gubernamentales y organizaciones sociales.
También coinciden en hacer plantas de tratamiento y castigar a quien arroja ilegalmente descargas al Atoyac. Pero seguimos esperando que dejen de decirlo y comiencen a hacerlo. La CNDH emitió el 21 de marzo de 2017 una recomendación para todos los gobiernos involucrados en el problema.
Al gobernador de Puebla le pidió: Signar convenio entre instancias federales, el gobierno de Tlaxcala, ayuntamientos, empresas y organizaciones no gubernamentales para generar un plan maestro; destinar presupuesto para el saneamiento; subsidiar a los municipios para construir plantas de tratamiento; realizar diagnóstico toxicológico en coordinación con Cofepris; dar atención médica a vecinos del Atoyac; iniciar un proceso administrativo contra funcionario del Ceaspue; publicar periódicamente avances del saneamiento; realizar campañas informativas de salud preventiva; capacitación en derechos humanos a funcionarios de Ceaspue, la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, y la Secretaría de Salud.
Sin importar el partido del que han emanado, los gobiernos estatales y municipales han complicado la limpieza del río Atoyac, cuando la acción es simple: bloquear las descargas que lo contaminan. Hay largas listas públicas de empresas, asentamientos irregulares e instancias gubernamentales que lanzan sin pudor sus desechos al río.
Sobre este asunto, la CNDH asentó en su recomendación: “Se giren las instrucciones necesarias para que la Comisión Estatal del Agua, en coordinación con los organismos operadores de la administración del agua potable y saneamiento de los municipios, elaboren un programa de visitas de verificación e inspección específico para la vigilancia de descargas de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal y/o a cuerpos de agua de su competencia para la detección de puntos de descarga, y la consiguiente investigación del o de los propietarios de las misma.
De ser el caso, formule la denuncia ante la autoridad competente e imponga las sanciones pertinentes; y se remitan a esta Comisión Nacional las pruebas”. Si no hay sanciones es porque falta voluntad, las reglas están, y si alguien sugiere que no están delimitadas las competencias o que existen candados que impiden actuar contra los infractores, sólo basta recordar que a los Congresos no les asustan los procesos legislativos exprés.
