Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt/ miswww.etellekt.com [email protected] @etellekt_
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido hasta ahora con su promesa de no proponer nuevos impuestos o aumentar los existentes. Ahí radica buena parte de sus altos niveles de popularidad.
A diferencia de sus antecesores, quienes impulsaron el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sortear las crisis económicas de 1995 y 2009, su estrategia para aminorar el impacto económico de la pandemia de la COVID-19 ha consistido en recuperar créditos fiscales de grandes contribuyentes, lo que elevó la recaudación durante 2020 en 14.4% del Producto Interno Bruto (PIB), el porcentaje más alto desde 2010, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
La miscelánea fiscal 2022, discutida en el Legislativo federal, continúa en esta misma ruta, gracias a la cual el Sistema de Administración Tributaria (SAT), bajo el mando de Raquel Buenrostro, ha logrado consolidar las finanzas públicas del país, enfocándose en combatir la elusión y evasión fiscales, y en ampliar la base tributaria al incorporar las plataformas digitales, la mayoría extranjeras, que no pagaban impuestos, a pesar de haber sido uno de los sectores que mejor aprovecharon el confinamiento social por el coronavirus.
Lejos de promover el terrorismo fiscal contra la población, como acusaron los opositores, los cambios impositivos que propone la SHCP persiguen fomentar la cultura tributaria en la población, con la incorporación de las personas físicas que alcancen la mayoría de edad, al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Esta medida podría desincentivar la economía informal, en la que muchas personas continúan depositando su efectivo en el sistema financiero sin saber que, desde 2014, son dados de alta en automático en el RFC por el SAT, incurriendo en omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que pueden afectar sus finanzas y patrimonio en el futuro.
Son probables algunas externalidades respecto a esta nueva disposición fiscal, como por ejemplo, el que los cuentahabientes dejarán de usar la banca por el temor a ser fiscalizados, pero otra de las reformas aprobadas, altamente progresiva, compensa ese riesgo; se trata del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Risico), para que quienes ganen menos, paguen menos.
Como lo dice su nombre, su objetivo es generar confianza en las personas físicas que operan en la informalidad para integrarlos a la economía formal, simplificando el pago de contribuciones y cobrándoles una tasa progresiva de Impuesto Sobre la Renta (ISR) más baja, que va de 1 al 2.5 por ciento de los ingresos brutos, es decir, sin realizar deducciones, y con la ventaja de no llevar contabilidad electrónica, si ganan hasta 3.5 millones de pesos anuales.
Actualmente, con semejante base gravable (3.5 millones de pesos), una persona física con actividad profesional o empresarial paga una tasa efectiva de ISR de 31% (la tasa máxima alcanza 35%). Con el Risico, pagaría 2.5%. Un mar de liquidez de diferencia.
El Risico también beneficiará a las empresas con ingresos menores a los 35 millones de pesos con una tasa máxima de ISR de 2.5%. Anteriormente, las empresas pagaban una tasa fija de 30% de ISR sin importar su nivel de ingresos, lo cual representaba un esquema tributario sumamente inequitativo, que hacía poco competitivas a las pequeñas y medianas empresas recién constituidas, al tener una carga tributaria idéntica a la aplicada a los grandes corporativos.
La progresividad de este nuevo régimen es sin duda el principal acierto de esta mis
celánea, al reducir el ISR para quienes obtienen una renta más baja, sin embargo aún hay varios pendientes a considerar en las próximas reformas a la Ley; el más importante consiste en cobrar más impuestos a empresas y particulares de altos ingresos, y no hacer lo inverso como en el gobierno de Fox, donde el ISR para empresas bajó de 35% en 2002 a 29% en 2006.
Para continuar ampliando los recursos tributarios no basta con evitar la corrupción en el gobierno, será necesario cobrar más a quienes ganen más, de otra forma no existirá una fórmula mágica, ni dinero que alcance para financiar programas sociales, servicios públicos de calidad y proyectos productivos –incluso megaobras sin sentido– que sirvan para abatir la desigualdad y elevar la competitividad del país, con objeto de rasguñar los niveles de desarrollo del primer mundo.
Prueba de ello es que a pesar de las reformas fiscales desde 1995, la recaudación impositiva en México, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) (14.5%), continúa estando por debajo del promedio de los países de la OCDE (33.8%) y de América Latina (22.9%), lo que nos aleja de esa meta.
Con miras a la sucesión de 2024 suena lógico que el presidente López Obrador pretenda quedar bien tanto con los de abajo como con los de arriba. Deberá dejar de hacerlo pronto, si su objetivo es articular una reforma fiscal orientada al crecimiento económico y la distribución de la riqueza.
