La requisición y las empresas consentidas del sistema
Silvino Vergara
El derecho no resulta ya subordinado a la política, la que se convierte en instrumento de actuación del derecho Luigi Ferrajoli
Se entiende por «requisición» una medida del Estado regulada por el derecho administrativo, en la que el gobierno presta por sus propios medios un servicio público que en su momento fue concesionado a particulares.
Estas medidas son indispensables para que se mantenga un servicio que las empresas privadas ya no pueden llevar a cabo ni cumplirlo por incapacidad, problemas económicos, laborales, etcétera.
Así, los usuarios no son afectados y continúan recibiendo el servicio, aunque ya no esté concesionado.
Desde luego, las consecuencias para las empresas privadas que resultaron incapaces de prestar el servicio respectivo pierden las concesiones y, en su caso, las garantías que hayan ofrecido para prestar esos servicios, por lo que les son impuestas algunas sanciones.
En México, sean gobernantes de derecha o de izquierda, no se aplican esas requisiciones cuando deben ser oportunas.
Además, con el temor que tienen los gobernantes de ser vituperados por realizar estas medidas, se hacen a un lado y dejan que los problemas estallen, por lo que las consecuencias son para los ciudadanos, que se ven en serias complicaciones cuando dejan de recibir los servicios que las empresas privadas ya no dan.
Frente a esto, simplemente la “participación” del Estado se limita a la de recibir quejas o denuncias que, en términos prácticos, no van a resolver nada, pero sí justifican las acciones del gobierno: haciendo como que intervinieron para auxiliar a sus ciudadanos.
Esta realidad de no usar las requisiciones es lo que, recurrentemente, ha sucedido con la industria de la aviación en México.
En los tiempos del presidente Felipe Calderón Hinojosa –dentro de las grandes omisiones de las que fue responsable– está el caso de la quiebra de Mexicana de Aviación en agosto de 2010.
Permitió, prácticamente sin responsabilidad alguna, que dicha aerolínea dejara de prestar sus servicios en todos los vuelos para los que contaba con los permisos necesarios.
El gobierno federal solamente vio pasar a los miles de usuarios con boleto en mano y sin poder volar, no hizo nada, quedó como espectador.
Finalmente, las concesiones se otorgaron a otras empresas, y pareciera que no sucedió nada, incluso cuando el servicio de aviación comercial, hoy por hoy en el mundo (con lo que representan las comunicaciones) es indispensable para el desarrollo económico de las naciones.
La única consecuencia fue que a los propietarios de empresas consentidas por el sistema se les permitiera hacer lo que sus bolsillos marcaran, sin que el Estado realizara una requisición.
Diez años después, sucede lo mismo con otro gobierno. Ahora, en noviembre de 2020, con un gobierno de izquierda, que ve cómo una de las empresas más grandes de la aeronáutica en México suspendió, en definitiva, sus servicios en un fin de semana dejando a miles de usuarios a su suerte.
En este caso, el gobierno, lejos de participar con una requisición o con medidas fuertes (en vez de la simple complacencia), a través del personal de la institución para defensa de los contribuyentes, levantó algunas constancias y actas para constatar la existencia de la suspensión de los vuelos por decisión de uno de los dirigentes de esa compañía, la cual, por cierto, es de la familia de quien alguna vez fue presidente de México, es decir, finalmente, también de los empresarios consentidos del sistema.
Lo que debe quedar como experiencia es que el servicio de aeronáutica no es cualquier servicio, sino uno indispensable para los tiempos actuales y para la economía de una nación entera.
Además, el hecho de que las compañías aéreas caigan en desgracia, desde luego, es algo de lo que se deben ocupar las autoridades gubernamentales y, en su caso, si no existen las garantías suficientes para que se pueda seguir prestando con regularidad el servicio a causa de la torpeza de la empresa privada, entonces, es claro que debe proceder la requisición de ese servicio.
Quizá lo que hace falta, más que de conocimiento jurídico de la existencia de estas medidas (como la requisición), es el valor de tomar en cuenta a los usuarios de esos servicios, que son –al igual que los más pobres– también ciudadanos de la nación y que merecen respeto, tanto de las empresas privadas como de las instituciones del Estado.
