Por: Hervey Rivera/ @herveyrivera
La partida secreta fue una cantidad de dinero del erario que el presidente de la República disponía discrecionalmente, el actual diputado federal Pablo Gómez estimó esa cantidad en 854 millones 670 mil dólares de 1989 a 1994 (Milenio, 19/12/2014, Impunidad grosera).
El año pasado, Pablo Gómez presentó una iniciativa de reforma al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada mayoritariamente en la Cámara de Diputados, para desparecer esa partida; con ese hecho el político culminó una batalla de muchos años en el tema del que escribió un libro: Los gastos secretos del presidente: caja negra del presupuesto nacional, Grijalbo, 1996, México.
En países con mayores estándares democráticos y con un Poder Legislativo con facultades y recursos para la fiscalización –efectiva– del uso del presupuesto, este tipo de partidas se enmarcan en el rubro de seguridad nacional, del que también se prestó a abusos como en el caso de México.
Históricamente en el país la partida secreta inició en la época posrevolucionaria y se consolidó en el régimen autoritario: En el proyecto de Constitución que sometió Venustiano Carranza al Congreso Constituyente de Querétaro, en su numeral 65, se estableció en su fracción I, segundo párrafo: “No podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República”. Palomino Guerrero, M. (2019).
Para el senador Ricardo Monreal “la esencia de una partida secreta presidencial es su no divulgación, no fiscalización y no validación por algún órgano de control interno o externo al quehacer gubernamental” (Milenio, 9/07/2019, ¿Partida Secreta?).
Para los legisladores y periodistas que investigaron el uso de estos multimillonarios recursos eran destinados a campañas electorales, contratación de servicios y compras sin los procedimientos legales, sobornos y uso privado del dinero de parte de los mandatarios. Durante la alternancia en la presidencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información acotó este rubro que se fundamentó como gasto en seguridad nacional.
En días pasados, el periodista Arturo Luna dio a conocer en su columna Garganta Profunda (Crónica Puebla, 24 de agosto de 2020, La cloaca de la partida secreta de Gobernación) una partida similar en la antigua Secretaría General de Gobierno de Puebla, como un resabio de las malas prácticas del sistema político autoritario en el país y la entidad y que se desconoce el destino de 241 millones de pesos ¿Y el H. Congreso del Estado? Como en muchas Legislaturas, avalando las decisiones del Poder Ejecutivo en turno.
En una época de transparencia y rendición de cuentas, este tipo de gastos –que sin duda deben existir en el presupuesto– no pueden estar al margen de la vigilancia y la fiscalización. Indudablemente, Puebla tiene un rezago en esta materia.
