Hervey Rivera / @herveyrivera
En recientes campañas a regiones autónomas, el partido español de ultraderecha VOX tomó como propuesta el pin parental en escuelas. ¿Qué significa esta medida?
“Es una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos en los que estudian nuestros hijos. Con tal instancia solicitamos a la dirección que nos informe previamente, a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación”. Toda la información pude consultarse en este código:
Muy acorde a la plataforma del partido VOX, en los hechos, el pin parental otorgaría la posibilidad de los padres para vetar la enseñanza de educación sexual de sus hijos en escuelas. Esta propuesta fue adoptada en diversos estados de México por legisladores del partido (sin registro) Encuentro Social y solo en Puebla por un diputado local del Partido Acción Nacional, quienes han presentado iniciativas de reforma a leyes para que la medida sea legislada y votada en las legislaturas locales. La pretensión fue respaldada por el Frente Nacional por la Familia.
Estas propuestas son apoyadas por grupos de corte conservador de los que he escrito en este espacio. Traen nuevamente al debate público el tema de educación sexual en escuelas públicas del país a nivel básico y medio superior. Estos mismos grupos se opusieron en la segunda década del siglo XX a que este tema fuera abordado en las aulas y libros de texto oficiales. Los argumentos de corte moral pertenecen a la esfera de lo privado; en el ámbito público, el diagnóstico es claro: “México, país de la OCDE con más adolescentes embarazadas, [en 2018] la tasa fue de 77 adolescentes embarazadas por cada mil jóvenes de 15 a 19 años, y la edad de inicio de las relaciones sexuales, en 23 por ciento de este segmento, fue entre los 12 y 17 años, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años” (Excélsior, 15/04/19) Esa tasa solo es mayor en la región de África subsahariana. ¿Cuál es el deber entonces de las instituciones del Estado mexicano? Tomar medidas para abatir este grave problema que tiene consecuencias sociales y económicas.
A diferencia de la década de los 60 del pasado siglo, en que los integrantes de instituciones políticas, jurídicas, económicas y culturales compartían una visión conservadora del mundo, en la actualidad la constitucionalidad de los Derechos Humanos, el avance de la laicidad y el pluralismo que vivimos en el país, equilibra esas posturas conservadoras de un sector de la población que cada día tiene más dificultades para imponer su visión (moral) del mundo, contra quienes consideramos que esos principios morales no pueden regir las decisiones públicas.
Como ejemplo de las posturas que argumentan contra el pin parental se encuentra Elena González-Dávila Boy, integrante del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien plantea desde la ciencia jurídica, que esta medida es una amenaza al derecho a la educación sexual de los infantes en México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) efectuó un llamado a los Poderes Legislativos de las 32 entidades federativas a proteger los derechos de la niñez y las adolescencias frente a las iniciativas de incluir el pin parental en sus leyes estatales. Hace algunas décadas era prácticamente imposible que desde la Corte o la CNDH se emitieran posicionamientos contrarios a ideas conservadoras, ya que el propio marco constitucional lo impedía y sus integrantes simpatizaban con los principios conservadores. La sociedad en México, muy a pesar de esos grupos de ultraderecha, ha cambiado.
