Adolfo Flores Fragoso / [email protected]
Los explotadores sexuales tienen nombre y apellido. Están en alguna lista confidencial del ayuntamiento de Puebla pues pagan protección a la autoridad, sin comprobantes. Dinero de incierto destino pues no aparece en los informes de ingresos de la comuna.
Terminar con el negocio de los proxenetas es tan fácil como revelar sus nombres, su actividad y enviarlos a la cárcel.
Pero el ayuntamiento no lo hace por razones obvias como sucede en otros municipios de Puebla, Tlaxcala, Veracruz…
En fin. Prácticamente en todo el país, la prostitución es un negocio de burócratas.
Es importante diferenciar la prostitución voluntaria, de la que es obligada.
En el primer caso, la necesidad es la que obliga. Decisión personal, a veces avalada por la pareja o los propios padres.
En el segundo caso hay un “pacto” obligado, casi a perpetuidad, en el que el “padrote” tiene en sus manos papeles de alguna deuda, amenazas o sometimiento sentimental.
A estos últimos habría que someter.
Pero la autoridad se hace de la vista gorda.
“Ellas quieren trabajar”, justifican, cuando en realidad las tienen sometidas bajo un esquema de esclavitud y violencia física.
Recuerdo una entrevista con una de estas mujeres, con el permiso y supervisión del “patrón”. Sus labios secos revelaban deshidratación y falta de alimento. Propuse ir a comprarle unos tacos y algún refresco.
El proxeneta sacó una navaja y dio por terminada la entrevista. “Eso se lo gana al final del día, y si cubre la cuota.
¡Lárgate!”, espetó.
Así, la realidad no oculta.
Más bien callada, por miedo de estas mujeres.
Y por mucho dinero sin comprobantes en los bolsillos de los burócratas municipales y estatales.
Son ellos a quienes hay que cubrirles “la cuota”.
