Notas para una defensa de emergencia
Silvino Vergara Nava / parmenasradio.org / WhastApp: 2222126776
¿De qué sirven los cursos, maestrías, talleres,
seminarios sobre una materia, una institución jurídica,
sobre una disposición legal, que con el paso del tiempo,
a veces muy rápido, es reformada
y cambiada radicalmente?
Especialidad en Interpretación,
Argumentación y Redacción Jurídica
Esta pregunta se hace desde hace mucho tiempo, pero hay muchas respuestas respecto a la ausencia de investigación jurídica en México. Una de ellas es que, durante muchos años, la instrucción en el derecho se convirtió en un hábito memorista, en el que los mejores profesores y alumnos eran los que se aprendían de memoria las disposiciones legales.
Basta con recordar los libros de los años 60 hasta principios de los 90 del siglo XX, cuando los textos que se llevaban en las escuelas de derecho, universidades, facultades de derecho, incluso, los que se tenían de consulta en tribunales, juzgados, oficinas, despachos eran explicaciones de lo que decía la propia ley, clasificaciones legales, definiciones todas sustentadas en la ley.
Incluso, en esos tiempos, muchas de las ocasiones las tesis que se preparaban para un examen profesional eran meras interpretaciones de las disposiciones legales, sugerencias al final de ellas en el mejor de los casos, pero sin mucho sustento y hasta aquí terminaban las investigaciones jurídicas.
Por ello se decía: no hay temas para investigar; todo estaba ya escrito, legislado y explicado.
Con el tiempo sucedió que, con la vida tecnificada y con ello la multiplicidad de reformas legales –en parte para que los legisladores justificarán sus actividades–, es que se empezó a topar con la problemática de que ya no se podía seguir enseñando el derecho bajo esos esquemas clásicos.
Además, empezaron a tener cada día más relevancia las constituciones, los derechos humanos, particularmente los derechos sociales, incluso se puso en la mesa temas que no se consideraban en su momento, como era la democracia y el poder de las empresas transnacionales.
Y en los inicios del siglo XXI, las competencias entre países eran cada día más relevantes, por ello es que México – situado en los últimos lugares en América Latina sobre el promedio de titulados de las licenciaturas–tuvo que flexibilizar el proceso de titulación, lo que provocó que se omitiera como requisito obligatorio la elaboración de tesis o tesinas, con lo que se dio un golpe central a la investigación jurídica en México.
Lo peor de todo es que muchos estudios de postgrado ya no cuentan con el requisito obligatorio de hacer una tesina o tesis.
Es más, hasta en los grados de doctorado en algunas instituciones no exigen alguna investigación para la titulación de tan alto grado académico. En resumen, se exterminó la investigación jurídica.
Adicionalmente, las materias de investigación jurídica, seminario de tesis o similares, en muchas de las ocasiones son materias de las denominadas “de relleno”, o bien, los profesores no han elaborado investigación alguna de manera permanente que permita, por lo menos, transmitir sus experiencias; otro golpe más al desinterés por la investigación jurídica.
Para finalizar, con este trágico segmento, pues resulta que los alumnos con todo el interés que pudieran tener por investigar y elaborar una tesis, el problema es que los profesores que pudieran asesorar una investigación jurídica no se interesan, atendiendo a que no hay remuneración por las instituciones educativas y, por ende, hoy que todo se ha monetizado, pues es complicado conseguir quien les brinde esa asesoría para la investigación.
Ya para rematar la ausencia de instigación jurídica en México, resulta que muchas de las universidades públicas implementaron centros de investigación paralelos a las facultades de derecho. Incluso, las propias instituciones públicas que se crean para la investigación abren un espacio para las investigaciones en ciencias sociales, dentro de las que se encuentra –desde luego– el derecho.
Pero, el problema de todas estas buenas intenciones, es que con el paso del tiempo se han burocratización, es decir, son muestra de ineficacia en los procesos de selección de los investigadores, amiguismos, preferencias y compromisos políticos, por ende, los productos de la investigación no transcienden en ningún lado, ni en la academia y menos aún en el sistema jurídico.
Por supuesto, el problema central en estas instituciones públicas es que no hay mucha independencia en la investigación en el campo jurídico, pues el investigador depende económicamente de estos organismos gubernamentales, al grado de que se pueden detener investigaciones que pudieran herir personas, instituciones o al propio sistema jurídico.
Lo cierto es que, la investigación en cualquier área del conocimiento humano es trascendental y no se puede dejar en segundo término, basta con recordar lo que se dijo por el titular de la administración pública federal del sexenio de 2000 a 2006 en México: “¿Para qué invertimos en investigación sobre el petróleo? Que investiguen las universidades norteamericanas”.
Uno de los problemas con que se cuenta en los países subdesarrollados y por lo cual difícilmente crecemos es la ausencia de investigación, por ende, de innovación, esto da como consecuencia que la actividad económica se sustenta en la extracción simplemente de los productos de la naturaleza, como es el caso de cultivos, de la pesca, de la minería, ganadería, etcétera.
Pero, poco se hace con la transformación de los productos, lo que ocasiona que se dependa de la importación de los productos terminados por empresas de las naciones donde se impulsa la investigación.
La investigación no se debe de dejar en segundo término, menos aun la investigación sobre las ciencias sociales, en donde la característica primordial es que dependen mucho los resultados de cada región del planeta, cultura, idiosincrasia, etcétera. Por ello es que, no se debe dejar a otras naciones que investiguen sobre lo que nos corresponde a nosotros investigar.
Desde luego que, hay un campo muy amplio sobre todo en la ciencia jurídica que no se ha explorado y que corresponde a los interesados, destacados, que se propongan a investigar, para ellos los frutos a largo plazo se logran y está comprobado, a pesar de todas las adversidades que se presentan en nuestra nación.
