Por: Rubén Salazar, director de Etellekt/ @etellekt_
E n medio de las críticas a su gestión del COVID-19, el gobierno de México, por medio del canciller Marcelo Ebrard, envío a las autoridades de su vecino del norte, una carta diplomática para conocer si el expresidente Felipe Calderón tuvo o no conocimiento de Rápido y Furioso.
El operativo, ejecutado entre 2009 y 2011 por la oficina en Phoenix de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de la Unión Americana (ATF, por sus siglas en inglés), dejó “caminar” de forma deliberada más de 2 mil armas de asalto con chip a territorio mexicano, con el fin de ubicar y arrestar a sus destinatarios finales: los líderes del narcotráfico.
Sin embargo, la ATF jamás pudo detener a uno solo de los capos, al perder el rastro de la mayoría de estas armas, halladas sin chip en la escena del crimen de homicidios perpetrados por los cárteles mexicanos; estuvieron involucradas también en el asesinato de dos agentes estadounidenses, pertenecientes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, escalando el tema en el radar del Congreso de Estados Unidos.
El expresidente Barack Obama negó conocer el asunto; sin embargo, en 2012, ejerció por primera vez su “privilegio ejecutivo”, para reservar documentación adicional del caso, requerida por la Cámara de Representantes al fiscal general Eric Holder, despertando sospechas de un posible encubrimiento de la Casa Blanca.
Del lado mexicano, el exsecretario de Gobernación, Alejandro Poiré, aseguró que el gobierno federal no había sido notificado sobre Rápido y Furioso.
Después del escándalo, la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad mantuvo su nivel de confianza al aprobarse presupuestos adicionales para Iniciativa Mérida en 2012, con la que el gobierno de Felipe Calderón apalancó su impopular lucha contra la criminalidad en el último año de su gestión. Así, mientras el gobierno de Barack Obama, toleraba la entrega ilícita de armas a los cárteles, mediante Iniciativa Mérida suministraba helicópteros blackhawk, equipamiento tecnológico y capacitación a las fuerzas de seguridad en México.
¿De qué lado estaba el expresidente Obama? En enero de 2016, la Corte de Estados Unidos revirtió el “privilegio ejecutivo” de Obama para reservar lo relacionado con Rápido y Furioso. Desde entonces, el expediente continúa abierto y el presidente Donald Trump mantiene latente, como bandera electoral, la posibilidad de llevar ante la justicia a los responsables sin importar su jerarquía.
Si Trump aporta evidencias incuestionables para enjuiciar a Obama y Calderón, por su probable involucramiento en la entrega de armas a los cárteles que decían combatir, obtendría su reelección y Morena aseguraría el triunfo en las elecciones legislativas de 2021. De existir un mero interés electoral de parte de Trump y López Obrador sobre Rápido y Furioso y dirimir el caso mediáticamente contra sus adversarios, más no en los tribunales, por la debilidad de las pruebas recopiladas, la suerte de ambos podría cambiar.
No está claro si la bancada republicana comparte el mismo entusiasmo de Trump para llegar al fondo del problema, pues Rápido y Furioso, fue el segundo componente del Proyecto Gunrunner, lanzado en 2006 por el gobierno del republicano George W. Bush, a través de Interceptor Abierto, que hasta 2008, también suministró armas de asalto a los cárteles mexicanos para dar con su ubicación. Casualmente, la ley de Prohibición de Armas de Asalto caducó en 2004, con Bush en el Poder Ejecutivo, al no ser renovada por el Congreso.
Bush también fue el artífice de Iniciativa Mérida. El futuro político del proyecto de la Cuarta Transformación depende más que nunca de la reelección de Trump, quien le ha consentido a López Obrador su política de “abrazos, no balazos”, la amnistía ofrecida a grupos criminales, la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, así como su polémica visita a la cuna de “El Chapo” Guzmán. Decisiones que pueden poner a AMLO en la mira de la justicia estadounidense en una hipotética presidencia del demócrata Joe Biden.
El esclarecimiento de Rápido y Furioso, por sí mismo, no resolverá la proliferación de armas ilegales en México si no se refuerza la vigilancia y combate a la corrupción en las aduanas de la frontera norte, por donde se estima, son traficadas más de 200 mil armas cada año a nuestro país. Dicho tráfico ilegal está lejos de alcanzar un nivel prioritario en la agenda binacional de México y Estados Unidos y su atención parece atada a la coyuntura electoral de ambos países.
