Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt / www.etellekt.com [email protected] @etellekt_
Durante su tercer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió un manejo ejemplar de las variables macroeconómicas, mejorando lo hecho por los “tecnócratas neoliberales”, y como para dejarles claro que hasta en eso la izquierda los rebasa técnica y moralmente, terminó mofándose de ellos, y diciéndoles: “Tengan para que aprendan”.
El problema es que no sólo los ha superado en la vehemente aplicación de los dictados de la economía neoliberal, sino también al haber impulsado reformas constitucionales para legitimar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, otrora facultad exclusiva de autoridades civiles; algo que ni el propio Felipe Calderón pudo conseguir.
Una de estas iniciativas es la que busca transferir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el mando de la ya de por sí militarizada Guardia Nacional (GN), que como institución de seguridad pública, según el artículo 21 de la Constitución, es de carácter civil. Lo cierto es que dicha corporación ha estado bajo control operativo del Ejército a tal grado que el propio exsecretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, llegó a señalar que “no había mando civil, capaz de conducir a la Guardia Nacional”, por lo que veía necesaria su incorporación a Sedena.
Una postura que contrasta con los perfiles civiles al mando de las secretarías de Seguridad en los 32 estados, en donde sólo cinco de esas dependencias las comandan militares activos o en retiro.
Si la idea es evitar que la corrupción termine por gangrenar a la GN bajo un mando civil, subordinándola por completo a la disciplina militar para impedirlo, el remedio puede resultar peor que la enfermedad y contagiar a todas las filas castrenses, pues al ser empleadas en tareas de seguridad pública, existe el riesgo de exponerlas a las mismas prácticas de soborno y cooptación del crimen que aquejan a las policías, y fracturar el vínculo de confianza con la ciudadanía, sobre todo si además de perseguir delincuentes se les emplea para reprimir protestas sociales o contener flujos migratorios.
Mientras la reforma constitucional para transferir el mando de la GN a Sedena no prospere en el Congreso, la decisión del presidente de haber desaparecido a la Policía Federal y crear un cuerpo militarizado en su lugar será aún más inconstitucional que lo realizado por sus antecesores.
Hasta ahora, la reacción del frente opositor ha sido igual o más tibia de la que mostraron en su momento ante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto para rechazar la opción militar en el combate a la delincuencia, no sólo por ser inconstitucional –su actuación nunca fue auxiliar, han operado hasta ahora de forma permanente–, sino violatoria de los derechos humanos.
Para abonar a lo anterior, recientemente, con el voto de diputados de Morena, PT, PVEM y el PRI, aprobaron en lo general la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, en la que se crea la Unidad de Policía Naval, definida en su artículo 29 como la “unidad operativa especializada para efectuar operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública dentro del marco jurídico aplicable”. Dicha instancia asumirá el control administrativo del personal naval adscrito a la GN, y quedará bajo el mando de un almirante, dependiendo del Alto Mando Naval.
Los diputados de oposición, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional, en la votación particular se opusieron a este artículo por abonar a la militarización de las instituciones de seguridad pública. Olvidan que desde el sexenio de Calderón, ya operaban unidades de Policía Naval en tareas de seguridad pública en estados como Veracruz, sin que ese entonces se manifestaran en contra.
Tal parece que la oposición no sólo debería aplaudirle a López Obrador por ser un neoliberal más eficaz, sino por su capacidad para culminar un proyecto de militarización que ellos iniciaron e impulsaron cuando eran gobierno.
El fracaso de la opción civil en las corporaciones de seguridad pública privilegia el espíritu de cuerpo en las mismas, por encima del espíritu de servicio a la ciudadanía.
¿Qué sigue ahora, tener un mando único militar encargado de la seguridad pública en los estados y municipios?
