Si, a mí también me sorprendió el estudio de opinión realizado por la empresa Indicadores SC, publicada en este diario el jueves pasado.
Y es que no resulta fácil entender que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga aún el apoyo mayoritario entre los poblanos, mientras gravitamos en tremendas crisis económica y sanitaria y se padezca de otros males que repercuten nuestra cotidianidad.
La medición de Elías Aguilar se hizo en el contexto de la revocación de mandato prevista para marzo de 2022, en la que iremos a las urnas (¡otra vez!) para decidir si AMLO se mantiene hasta el final de su gestión o si antes deba irse.
Y nada, pues 42 por ciento de los ciudadanos está a favor de que continúe en Palacio Nacional hasta 2024, mientras que en contra estaría un 31 por ciento y otro 27 por ciento expresó que “no sabe”.
Tales cifras revelan que, pese a todo, AMLO concentra la simpatía mayoritaria de los poblanos, lo cual se refleja también entre los que consideran que ha hecho buena labor, que son 57 por ciento de la población, mientras que apenas 33 por ciento lo reprueba, muy similar a lo que indican otras encuestas a nivel nacional.
Cualesquiera que sean las razones de esa tendencia mayoritaria no habría que espantarse mucho, pues esos números son muy semejantes a los que, por ejemplo, tenía Felipe Calderón a la mitad de su mandato.
Habrá que esperar entonces a lo que pueda ocurrir en los años venideros para valorar objetivamente si la 4T pudo calar a fondo en el ánimo ciudadano. Los maratones sexenales se deciden siempre en el tramo final.
Lo cierto es que en todo este enredo de mediciones numéricas, que son relevantes porque van ofreciendo luces del pulso social, ha dado pie para vislumbrar a distancia lo que podría pasar en marzo próximo con la consulta denominada “revocación de mandato”.
¿Por qué y para qué?
¿Ir a votar a favor o en contra de quien para la mayoría ciudadana lidera una competencia?
¿Hacerlo aun cuando se presume que tendrá el consenso a su favor?
¿Y pese a que tal despliegue costaría casi cinco mil millones de pesos?
¿Qué hay detrás de lo que nos quieren vender como un “gran ejercicio democrático”?
De manera llana, se nos dice que será una oportunidad para que la ciudadanía diga si está satisfecha con su presidente y quiere que termine su periodo sexenal o, en su caso, que abandone el cargo.
Por definición de los legisladores, revocación de mandato es el acto de separar legalmente de su cargo a una autoridad antes de que concluya su periodo por el que fue electa y como fue planteada en la Constitución mexicana, hace que pueda considerarse como un mecanismo viable de democracia directa.
De acuerdo a documentos analíticos del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, tal figura se inscribe dentro de los regímenes democráticos como una forma directa de participación ciudadana, aunque eso se ponga en duda, porque ese ha sido un recurso utilizado, por ejemplo, en Venezuela, donde de democracia saben poco.
En términos simples, se trata del procedimiento legal mediante el cual se separa del cargo a una autoridad antes de que concluya el periodo por el que fue electa debido a la pérdida de confianza de la ciudadanía en él o ella, como resultado de la percepción de un ejercicio inadecuado de su función.
El resultado de esta decisión “podría reafirmar y relegitimar al ocupante del cargo en cuestión, en el supuesto de que los votos en contra de su remoción sean mayoría.”
Estudios del propio IBD revelan que entre los mexicanos hay una clara mayoría a favor la existencia de este mecanismo de participación. No obstante, una gran parte de los encuestados (46.8%) coinciden que las autoridades deben cumplir el tiempo de su encargo constitucional.
Entre los que se oponen hay quienes opinan que en todo caso, la ciudadanía podría castigar o premiar en las siguientes elecciones. Otros consideran que una nueva votación aumenta el costo de las elecciones, y un alto porcentaje concluye que las autoridades deben cumplir el tiempo para el que fueron electas.
El tema ha generado múltiples consideraciones, entre las que por su pertinencia invoco la del expresidente del IFE, José Woldenberg, citado por el propio IBD.
El también investigador asegura que la revocación de mandato es una mala idea. “Es un expediente disruptivo, polarizador, diseñado para una persona, mientras los problemas del país se acumulan sin respuestas eficientes por parte del gobierno”.
“Quien pone debe tener la facultad de remover y está envuelta en el aura luminosa de los mecanismos de democracia directa y una medida de esa naturaleza no puede evaluarse más que en el contexto en que se explotará”.
En suma: la Constitución establece que la eventual revocación se activa por voluntad de los ciudadanos. Y que se requiere de la anuencia de 3% de inscritos en la lista nominal de electores, esto es, alrededor de 2 millones 800 mil firmas, que tendrán que ser validadas por el INE.
Y también de acuerdo a la Constitución, para que el resultado de la consulta sea vinculatorio debe votar el 40 por ciento de la Lista Nominal, es decir, 37 millones 411 mil 389 ciudadanos.
¿Será posible alcanzar esas cifras?
¿Hay razones válidas para incentivar la movilización ciudadana?
¿Vale la pena en estos días agitar las aguas y renacer confrontaciones cuando hay otros temas más urgentes que atender?
Nadie se opone en la llamada democracia participativa, ni a los ejercicios a favor de la rendición de cuentas.
Pero que en esto de la revocación de mandato hay gato encerrado, lo hay.
