Palabra de Mujer
Rocío García Olmedo / [email protected] @rgolmedo rociogarciaolmedo.blogspo.mx
Si hay una política que puede considerarse como la más despreciada en este sexenio, es la de salud.
Lo fuimos observando al cancelar el Seguro Popular sin una justificación, tan sólo porque era un programa de gobiernos anteriores.
Lo vimos con el errático manejo de la pandemia de COVID-19, informes mundiales han determinado que en México fue una tragedia. Fallecieron miles de personas que no debían haber perdido la vida, atribuyéndolo a ese mal manejo.
Incluso, ahora mismo, aún cuando ya no hay una emergencia sanitaria, en México sigue sin haber la vacuna bivalente que desde hace meses se aplica en otros países.
Lo ratificamos con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que resultó un fracaso al dejar sin atención médica a 50 millones de mexicanos y mexicanas.
Dejan a las infancias sin vacunas, a toda la población que requiere del servicio público de salud, sin medicamentos y con una infraestructura hospitalaria cada vez más deteriorada.
Crean lo que en la narrativa diaria nos llevará al nivel de salud de Dinamarca, el IMSS-Bienestar, que no acaba de arrancar.
En ese inter muchas acciones de política pública en materia de salud han ido desapareciendo.
En una entrega anterior abordé lo grave que significa para niñas, adolescentes y mujeres haber desaparecido 34 normas oficiales de aplicación para el sector público y para instituciones de salud privada.
Estas normas establecían los procedimientos para la prevención, diagnóstico, tratamiento, factores de riesgo, control y vigilancia epidemiológica sobre cáncer, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, diabetes, lactancia materna, obesidad y control de tuberculosis, entre muchas otras enfermedades.
Ante ello, mujeres de organizaciones civiles y en lo individual vienen presentando en el país amparos que han sido aceptados justamente por la grave afectación al derecho a la salud, a la protección y atención sanitaria.
Esto, porque las medidas “causan perjuicio y violan derechos humanos de adolescentes y de mujeres.”
Recientemente también, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrada por todas las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de la República, incluida la de Puebla, ha presentado un pronunciamiento haciendo un llamado al gobierno federal a evitar la cancelación de esas normas oficiales.
Esto, porque al hacerlo violentan derechos humanos establecidos en diversos convenios internacionales que México ha suscrito, al transgredir los principios de progresividad y no regresión reconocidos.
Por estas afectaciones graves al derecho a la salud, ha sido requerida una vez más la comparecencia del subsecretario Hugo López Gatell ante la Cámara de Diputados, el hombre favorito del presidente en esta materia, que ha colocado en posición de “florero” al médico Jorge Alcocer Varela, quien es el titular de la Secretaría de Salud en este sexenio.
Esto, para que explique el por qué de manera tramposa mediante un decreto reforman los artículos 195 y 214 que eliminan automáticamente 34 normas oficiales.
La soberbia –mala consejera por donde quiera vérsele–, o tal vez su afán de “quedar bien” con el “señor” presidente, se han apoderado de este hombre y se niega a comparecer.
La última negativa a rendir cuentas se dio hace unos días y la mayoría morenista de integrantes de la Cámara de Diputados continúa permitiéndolo.
¿Qué pasa con este señor? Nadie puede explicarlo, incluso quienes le conocieron antes de convertirse en un abyecto.
Pareciera que no se logra entender que corregir las desigualdades que provoca la pobreza en las mujeres, va relacionada ineludiblemente a la salud.
Ahí los datos recientes publicados por Inegi, y la brecha seguirá ampliándose, considerando a las mujeres indígenas y rurales y las que viven en condiciones menos favorecidas.
Es realmente condenable la negativa a rendir cuentas.
El desprecio a la política de salud en México queda evidenciado. No querer mirar y no querer escuchar no tendrá un buen fin.
