Historias para armar la Historia
Ramsés Ancira / @ramsesancira
México es el único país del mundo civilizado en el que un grupo de personas pueden sumar sentencias de más de 500 años de prisión por un supuesto crimen, cuando nunca se encontró el cuerpo del delito.
Y no se trata de que lo hayan disuelto en ácido como lo hacen los narcotraficantes, o quemado, como se supone que ocurrió con las víctimas de Ayotzinapa. Para eso no hay pruebas. El cuerpo de Hugo Alberto Wallace, según su madre, sólo se desvaneció, como si le hubieran disparado con la máxima potencia de un faser de la serie futurista Viaje a las Estrellas.
Un cadáver supuestamente destazado en 2005, que siguió utilizando su tarjeta de crédito y hablándole borracho a Houston, en 2007, a su antigua amante, Claudia Muñoz Acosta, con la que procreó a una hija, a la que había estado a punto de reconocer en el registro civil, pero se arrepintió de último momento porque su madre –una mujer castradora, llamada Isabel Miranda de Wallace– se lo prohibió. Así lo declaró la propia Claudia Muñoz.
Un cuerpo que fue demandado en 2006 por un asunto inmobiliario, cuando se supone que había desaparecido el año anterior.
La misma persona –Hugo Alberto–, que fue detenida por narcotráfico en 2001 por traer drogas ocultas en refacciones de motocicleta, cuyo caso luego se reclasificó como contrabando, y que, sin embargo, fue remitido a una agencia del ministerio público en Coyoacán, a 17 kilómetros de distancia, y liberado en tres días, cuando se supone que la pena mínima por este delito es de tres meses de prisión y debió ser visto por un ministerio público federal.
El viernes 9 de octubre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Estado Mexicano cumplirá con la petición que hizo el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para que se repare el daño a Brenda Quevedo, detenida y torturada sistemáticamente por el caso Wallace durante 12 años.
Esta posición del primer mandatario fue en respuesta al reportero Hans Salazar del medio Sin Censura Por esas mismas fechas, y por razones similares, la Secretaría de Gobernación dio el reconocimiento de preso político a George Kouri Layón.
Han transcurrido más de seis meses y el presidente no ha podido cumplir su palabra, en parte por la traición de gente de su equipo de trabajo, como el director de la Escuela de Derecho Benito Juárez, Netzaí Sandoval, quien cobra como director de la Defensoría Pública Federal.
Sandoval cedió a las presiones de Isabel Miranda y corrió sin indemnización al abogado defensor de Jacobo Tagle Dobín, Alejandro Garduño Real.
El abogado no sólo sufrió una injusticia laboral, sino que además tendrá que pagar desde el desempleo todos los costos del juicio que se le sigue por demanda de Isabel Miranda de Wallace, ya que, al menos en principio, no le dejaron defenderse por sí mismo.
El pretexto de la presidenta de la organización Alto al Secuestro es que el abogado, en pleno uso de sus derechos como defensor, declaró que Tagle Dobin fue secuestrado en una fecha anterior a la que Isabel Miranda de Wallace lo presentó ante las autoridades judiciales.
El abogado sólo cumplió con su deber, el problema es que, si el argumento se da por válido, demostraría que la presidenta de Alto al Secuestro fue previamente una secuestradora.
Pero, además, Wallace ha presentado amparos contra la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República que impiden al presidente López Obrador cumplir con su palabra.
En otro frente, el presidente de Morena, Mario Delgado, impuso por dedazo a varios candidatos a puestos de elección popular que están dañando al presidente López Obrador.
El grupo más numeroso es el de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que se registraron como diputados migrantes. Cipriana Jurado, una de sus voceros, dijo que en casi todos los partidos se cometieron irregularidades; que esperaban que Morena fuera diferente, pero, al igual que los demás, postuló a personas que hace mucho tiempo regresaron al país y por lo tanto no podrán hacer nada donde se les requiere, que es en los consulados de México.
También está el caso de la candidata a gobernadora de Nuevo León, condiscípula de Delgado en Nxivm, quien creyó que no pasaría nada si decía que nunca había visto al líder de la secta, a pesar de que sabía que la habían grabado con él.
La intención del voto por Clara Luz se cayó más de 10 puntos y ahora ronda por el 18%, debajo de los candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano.
