NOTAS PARA UNA DEFENSA DE EMERGENCIA
Silvino Vergara Nava
La reciente tómbola judicial donde se destituyó
a cientos de jueces y magistrados sin un proceso administrativo
que acreditara causas jurídicas para su remoción,
obedece a una intención política y no a una falta jurídica
de los representantes judiciales del estado federal.
Esto deriva de que el Consejo de la Judicatura
cambió su papel de órgano administrativo judicial
a órgano administrativo político
Ricardo Guzmán Wolffer
En México, se han superado crisis económicas como las ocurridas en la década de los ochenta del siglo XX, o la crisis de los noventa, particularmente la de diciembre de 1994, conocida como el “error de diciembre”.
También se ha afrontado la crisis económica de 2008, una crisis mundial provocada por la especulación inmobiliaria.
Sin embargo, a pesar del aumento en los precios de productos de primera necesidad y la falta de empleo suficiente, se logró mantener la estabilidad social y jurídica del país.
Las escasas oportunidades para jóvenes, estudiantes, profesionistas y el limitado crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas fueron retos constantes, aunque se superaron con muchos problemas, altibajos y consecuencias.
En cuanto a las crisis sociales enfrentadas por el pueblo mexicano, puede decirse que la última de gran magnitud fue la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, el conflicto bélico con más muertes en toda América Latina después de la conquista.
Una crisis de menor intensidad, conocida como la “guerra sucia” en la década de los ochenta, ha sido reconocida recientemente por la existencia de los “vuelos de la muerte” en México, una técnica de desaparición de personas disidentes o consideradas enemigas del sistema.
Esta también utilizada en Sudamérica y originada por los franceses en la guerra de Argelia.
Esta técnica consistía en capturar a los disidentes y arrojarlos al mar Mediterráneo desde avionetas militares.
La “guerra sucia” estuvo dirigida contra movimientos sociales encabezados por grupos socialistas, comunistas y ateos, quienes en aquellos años exigían sus derechos ante el Estado, llegando incluso a formar guerrillas.
Basta con recordar al “Partido de los Pobres,” liderado por Lucio Cabañas, en el adolorido estado de Guerrero.
La última crisis social en México podría considerarse el levantamiento zapatista en Chiapas hace 30 años, que provocó cambios significativos en el país, incluso en la Constitución Mexicana.
El artículo 2 fue modificado para reconocer las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, permitiéndoles regularse por sí mismos, sin intervención estatal.
No obstante, lo que no hemos vivido en México en tiempos recientes son crisis jurídicas, es decir, cambios abruptos en las reglas del Estado que generan incertidumbre en la población, la economía y el futuro de hombres y mujeres.
¿Cuándo se podría decir que fue la última crisis jurídica en México? Quizás con las Leyes de Reforma en el siglo XIX, cuando se estableció una estructura
jurídica completamente diferente a la existente.
Las instituciones eclesiásticas dejaron de tener control sobre los nacimientos, matrimonios y defunciones, que pasaron a ser regulados por el orden civil.
Hoy, México atraviesa, si bien no una crisis económica o social, sí una crisis jurídica, provocada por cambios súbitos en la Constitución, es decir, en la cúspide del sistema jurídico.
Esta crisis ha llevado a la paralización de las actividades del Poder Judicial Federal. Como consecuencia, se pierde la certeza jurídica por parte de quienes están encargados de proteger los derechos humanos de los ciudadanos, lo que afecta a toda la población.
La inseguridad jurídica, sumada a la incertidumbre en materia de seguridad pública, impide el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía.
El problema de la crisis jurídica radica en que sus efectos y consecuencias son más lentos y profundos que los de una crisis social o económica.
Sin embargo, es bien sabido que una crisis jurídica puede tener repercusiones más graves que las crisis sociales y económicas.
Las crisis jurídicas avanzan lentamente, como si fueran cuentagotas, pero sus efectos son desmedidos y se expanden en el tiempo.
Por ello, la pregunta es: si hemos sobrevivido a las crisis económicas y sociales, ¿sobreviviremos a la crisis jurídica, una que no hemos visto en los últimos 150 años de nuestra nación?
