Rocío García Olmedo / @rgolmedo / [email protected] / [email protected]
En los nuevos tiempos que vivimos, entre rumores del estado de salud del presidente, provocados –según mi percepción– por su mismo equipo de comunicación, y aprobaciones fast track de iniciativas que desaparecen
instituciones, una buena noticia surge: la aprobación de dos iniciativas que entrarán en vigor cuando concluya el proceso legislativo de ambas.
La primera es el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que por vacatio legis (periodo que transcurre entre su publicación y su entrada en vigor) entrará en vigor dentro de cuatro años, en 2027, para que pueda ser conocida suficientemente antes de hacerla obligatoria.
Este instrumento busca establecer procedimientos homologados para dirimir controversias entre particulares, unificando normas para la resolución de conflictos en todo el país.
Avanza en la totalidad de la oralidad y la digitalización de los juicios; abrevia procedimientos muchas veces
tortuosos en controversias en materia de alimentos, de divorcio, de arrendamiento, de adopción, entre otros e incluye también el concepto de juicios sumarios y medidas de protección inmediata.
La segunda aprobada en una sesión atípica en la Cámara de Senadores –que esperamos no traiga consecuencias jurídicas por el desaseo en el procedimiento legislativo– es la modificación constitucional a dos artículos, el 38 y el 102, para establecer la suspensión de derechos para que ningún agresor pueda ocupar algún cargo de
elección popular.
Conocida como la #3de3, es una iniciativa ciudadana dirigida a aquellas personas que tengan sentencia por
delitos de:
• Violencia familiar
• Violencia familiar equiparada
• Violencia doméstica
• Violación a la intimidad sexual
• Violencia política contra las mujeres en razón de género
• Ser declarado deudor alimentario moroso
• Delitos contra la vida y la integridad corporal
• Delitos contra la libertad y seguridad sexuales
Ambas normativas representan un paso muy importante en ruta hacia el acceso a la justicia de las mujeres y a la erradicación de las violencias en su contra.
Ojalá que todos estos esfuerzos legislativos y los que de política pública surjan logren ese impacto significativo para aminorar los sangrientos índices de violencias de género, así como los obstáculos para obtener justicia.
Y es que hemos sido las mujeres –en algunos momentos con el respaldo de hombres aliados a nuestras causas– quienes hemos impulsado normativa para garantizar y proteger los derechos de las mujeres, ya que, como bien se ha comentado, en muchas ocasiones pareciera que la problemática que afecta a las mujeres sólo nos preocupa a las mujeres, por ello la importancia de la inclusión de mujeres con conciencia de género en todos los órdenes de toma de decisión.
