¡Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando!

Por: Rubén Salazar/Director de Etellekt/ prewww.etellekt.com [email protected] @etellekt_

Es la respuesta que parece haber­le mandado el presidente López Obrador a su antecesor, Enrique Peña Nieto, al dar a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) que investiga al expresidente “por delitos de ca­rácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transfe­rencias internacionales ilegales”, ante las presuntas advertencias que este último le hiciera al inquilino de Palacio, a través de diversos columnistas, de filtrar a la pren­sa nuevos videos en los que aparecen ex­colaboradores del tabasqueño haciendo lo que mejor saben hacer: recibiendo di­nero en sobres amarillos, destinado a las campañas de López Obrador, si el manda­tario insiste en desconocer las condicio­nes del pacto de impunidad que firmó con el mexiquense.

Con el que Peña Nieto le abrió camino en solitario a la Presidencia, no por haber­se mantenido al margen de la elección co­mo le ha reconocido López Obrador, sino porque hizo todo lo contrario, intervinien­do en la campaña presidencial a favor del morenista en tres pistas:

1) Impidiendo que el PRI se sumara a la candidatura de Ricardo Anaya, aban­derado de la coalición por México al Fren­te (conformada por el PAN, PRD y Movi­miento Ciudadano).

2) Al perseguir judicialmente al panis­ta, por supuesto enriquecimiento ilícito; y

3) Lanzando una intensa campaña ne­gra en los medios, en la que se cuestionaba a Ricardo Anaya por disfrutar de una vida repleta de lujos en Atlanta, Estados Uni­dos, en donde radicaba su familia, con ero­gaciones millonarias que presuntamente discrepaban de los ingresos registrados en sus declaraciones patrimoniales. Ubicán­dolo en el mismo patíbulo de políticos co­rruptos, en el que los panistas y perredis­tas del Pacto por México, empresarios y medios de comunicación afines a la can­didatura de Ricardo Anaya (impulsores del lawfare en México, en 2016), coloca­ron a Peña Nieto y a los gobernadores de su partido, lo que el expresidente consideró una traición, según le reveló en una char­la posterior a los comicios de 2018, al aún presidente electo López Obrador.

Todo esto a cambio de que una vez en la Presidencia, López Obrador le garanti­zará dos cosas: 1) congelar las investiga­ciones por corrupción en su contra; y 2) no meter las manos en las futuras eleccio­nes a gobernador, sobre todo en la del Es­tado de México, lo que implicaba permitir­le al Grupo Atlacomulco conservar su bo­tín político.

Letras chiquitas del pacto que el presi­dente jamás ha estado dispuesto a cum­plir, si tomamos en cuenta que de las 22 elecciones a gobernador organizadas en el presente sexenio, la coalición oficialis­ta encabezada por Morena le arrebató al PRI 10 estados que gobernaba, dejándole sólo Coahuila y el Estado de México, con la abierta injerencia del presidente en dichas elecciones, concentrado en impedir que los gobernadores priístas operarán en favor de sus candidatos.

Intimidándolos con persecuciones ju­diciales por delitos cometidos en el servi­cio público o cooptándolos con puestos en la diplomacia mexicana, lo que logró con tres mandatarios estatales: Carlos Miguel Aysa, de Campeche, al cederle la embaja­da de México en República Dominicana; el sinaloense Quirino Ordaz, al que mandó de embajador en España; y con la sonoren­se Claudia Pavlovich, a la que nombró de cónsul en Barcelona. Motivo por el que to­dos terminaron siendo expulsados del PRI, que dirige Alejandro Alito Moreno.

Por lo que en respuesta, a finales de agosto de 2020, un par de semanas an­tes de que arrancara el proceso electoral 2021, Peña Nieto filtró a la prensa la pri­mera batería de videos en la que aparecían los hermanos del presidente, Pío y Martín López Obrador, recogiendo sobres ama­rillos con fajos de dinero que les eran en­tregados por David Eduardo León Rome­ro, para financiar al movimiento de López Obrador, en hechos que se desarrollaron en 2015.

Tras el escándalo, David Eduardo León, recién designado como el encargado fede­ral de la empresa distribuidora de medici­nas, vacunas y equipos médicos, en la pre­sidencia de AMLO, que paradójicamente se encargaría de erradicar las prácticas co­rruptas del sector, se vio forzado a dimitir al cargo. Aunque a la fecha, ninguno de los involucrados en los videos han enfrentado la acción de la justicia por delitos electora­les, como tampoco la maestra Delfina Gó­mez Álvarez, a la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sen­tenció por cometer infracciones electorales al descontar una parte de su salario a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, para financiar campañas políticas de Mo­rena, cuando era alcaldesa de ese munici­pio, recientemente designada por su par­tido a la gubernatura del Estado de Méxi­co en 2023.

Sin embargo, fue todo lo que el expre­sidente Peña Nieto pudo lograr con la di­fusión de los videos, que tenían la pólvora mojada. De poco o nada le sirvieron al PRI en las elecciones estatales de 2021 y 2022, en las que junto con sus aliados del PAN y el PRD apenas pudieron ganar al partido del presidente cinco de las 21 gubernatu­ras en disputa.

Mientras que a la popularidad del pre­sidente sólo le hicieron cosquillas; justo en agosto de 2020, cuando el portal Latinus (propiedad del exgobernador priísta de Ta­basco, Roberto Madrazo) filtró el primer vi­deoescándalo de los hermanos de AMLO, el presidente contaba con una aprobación de 53.8%, dos años después –con corte al 4 de agosto–aumentó a 57.6% (Mitofsky, 4 de agosto 2022), en buena medida porque a diferencia de Peña Nieto, que promovió investigaciones judiciales contra exgober­nadores corruptos del PRI que financiaron su campaña a la presidencia en 2012, pa­ra usarlos de pararrayos y evadir toda res­ponsabilidad, el presidente López Obrador ha decidido hacerlo pero en contra de sus adversarios.

Lo que de acuerdo con los niveles de popularidad que mantiene, le ha reditua­do más en términos electorales a Morena, que la dichosa videoteca de Peña Nieto al PRI y sus aliados. ¿Qué le hace pensar al expresidente que soltando más videos po­drá conservar el Estado de México?

En esto de ser el payaso de las cacheta­das, Peña Nieto lleva las de perder. Un vi­deo más contra AMLO no evitará que Mo­rena le despoje su botín al Grupo Atlaco­mulco, pero sí puede acelerar la orden de aprehensión contra su predecesor, si Peña Nieto no saca las manos de la elección del Estado de México el próximo año.

Anteriormente se decía que la elección del Estado de México era un laboratorio de la elección presidencial, pero en 2023 esa idea se queda corta; estará en juego el cambio de régimen en el país.