Parte 1
La captura del legendario capo mexicano Rafael Caro Quintero, ocurrida apenas el pasado 15 de julio, ha generado múltiples efectos, más allá de los que competen meramente al ámbito judicial.
Por lo pronto, el suceso rebotó ya al terreno político y afecta, así sea de manera tangencial, al poblano Manuel Bartlett. Y está repercutiendo también, con alcance insospechable, a la siempre tirante relación entre los gobiernos de México y los Estados Unidos de Norteamérica.
Se trata pues de un tema multifactorial, cuyo desenlace por ahora es impredecible. Hagamos un poco de historia.
Ya de por sí los asuntos relacionados al narcotráfico causan natural resquemor, pero cuando se abordan es inevitable referir a Rafael Caro Quintero. Por algo le llaman El Narco de Narcos.
Después de ser un exitoso productor de marihuana (siembra, cultivo, cosecha y trasiego al demandante mercado estadounidense), a inicios de los años 80 Caro Quintero fundó el primer cartel del narcotráfico en el país, el de Guadalajara, que luego mutó al de Sinaloa.
Detenido por primera vez en 1985 por delitos contra la salud, Caro Quintero fue puesto en libertad en 2013, faltándole todavía 12 años por cumplir su condena. Tras su polémica liberación, a sus 69 años Caro Quintero volvió a las andadas. Armó un nuevo grupo delictivo y anduvo a salto de mata, hasta que fue recapturado el pasado 15 de julio en la comunidad de San Simón, municipio de Choix, en los límites de Chihuahua y Sinaloa.
Acusado por el gobierno estadounidense del brutal asesinato de su agente infiltrado de la DEA, Enrique Kiki Camarena, hoy en día, como figura delincuencial icónica, Caro Quintero se convirtió en el prófugo de la justicia más buscado por los Estados Unidos. De ahí que ofreciera por su captura una recompensa de 20 millones de dólares, la más alta de la historia.
Luego de la nueva detención, el procurador estadounidense Merrick B. Garlad no ocultó su beneplácito. Ese mismo día expidió una solicitud para su “inmediata extradición”.
Ha trascurrido casi un mes y Caro Quintero sigue en México, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano –el mismo donde por segunda vez se fugó por un túnel Joaquín El Chapo Guzmán–, y con escasas posibilidades de ser llevado a la justicia del país vecino.
Este fin de semana, un juez federal le concedió la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición a los Estados Unidos. Previamente, la Fiscalía General de la República había impugnado la suspensión que impide su traslado, mientras que las autoridades estadounidenses mantienen su reclamo.
Se diría que el asunto –la posible extradición del capo o su permanencia en una prisión de este país– debería resolverse en los próximos días, estrictamente por la vía judicial, esto es, que sea la ley la que mandate.
Hay, no obstante, muchos indicios que hacen suponer que habría otras razones que podrían definir el rumbo de este caso, que se explican frente al obstinado interés del gobierno estadounidense de llevárselo. Ellos dicen que hay causas meramente legales, que debe pagar el crimen contra uno de sus agentes en 1985.
Aquella afrenta, ciertamente, no la han podido superar. Recuérdese que el asesinato de Kiki Camarena tensó al extremo las relaciones entre los gobiernos de México y los Estados Unidos.
Amagaron incluso con el cierre definitivo de la frontera y un virtual rompimiento de las relaciones comerciales. Acusaron inacción de la parte mexicana en la lucha contra las drogas y complicidad de muchas autoridades.
Como siempre, ellos eran los justicieros, los buenos. Nosotros, los ineficientes, los corruptos, los malos.
¿Qué ocurría en ese entonces, cuáles fueron los antecedentes?
Transcribo literal una objetiva explicación del gobierno mexicano, expuesta por el procurador General de la República de ese entonces, doctor Sergio García Ramírez (Narcotráfico, un punto de vista mexicano, Editorial Porrúa, 1989):
“En noviembre de 1984, tres meses antes del secuestro y homicidio de Camarena y Zavala (piloto), ocurrieron los ‘golpes’ más fuertes –como se dice en los medios de policía– contra el narcotráfico en México. El 5 de noviembre se interceptó en Nuevo Laredo un cargamento de 300 kilogramos de cocaína, cantidad nunca antes asegurada de una sola vez.
El 8 y 9 de noviembre se destruyó el más grande depósito de marihuana jamás encontrado, en México o donde sea. En Búfalo y en Los Juncos, Aldama, Chihuahua, fueron destruidas miles de toneladas de marihuana. Varias personas quedaron sujetas a proceso, y se avanzó en la investigación de los casos.
Tres meses más tarde ocurrió la reacción: secuestro y homicidio. Conforme a las investigaciones, los responsables de la acumulación de drogas lo son, también, (esos) hechos de Guadalajara. Parece evidente que éstos fueron consecuencia de los ‘golpes’, es decir, respuestas frente a la actividad policial, medio para frenarla, no resultado de la inercia en la campaña contra el narcotráfico. Sólo por falta de información y exceso de malicia –dentro y fuera de México– se puede decir otra cosa.
Con ello no afirmo –¡claro!– que no existiera colusión, complicidad o encubrimiento por parte de miembros de corporaciones policiales, en este caso como en otros. Ya señalamos la connivencia que hubo, hasta donde pudimos probarla, de tirios y troyanos. En diversas ocasiones –y esta fue una– y en varios países –también en México– se ha destacado la existencia de vasos comunicantes entre policías y delincuentes. Ocurre el extravío en la función policial, que se convierte en actividad delictiva.
Pero no hubo nunca condena de las autoridades, en los altos niveles de decisión a cargo de la Campaña contra el Narcotráfico, que favoreciera los hechos o que bloqueara la investigación y el proceso.
Por otro lado, (parece ocioso decirlo, pero no lo es cuando se trata de hacer recordatorios para ciertos oídos), la nación, México, no es culpable de la conducta de un grupo de delincuentes, binacional o multinacional. Si la nación no es culpable, no hay ninguna justificación moral o jurídica para que se ofenda al país o se pretenda sancionar a su pueblo”.
Hasta aquí la cita del procurador García Ramírez.
La semana próxima, en este espacio, las conclusiones.
