Jesús Peña
Blanca Alcalá Ruiz y Julieta Vences Valencia, diputadas federales por Puebla, celebraron la aprobación en comisiones de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, además de exhortar su aprobación inmediata al Pleno, pues ahora se tienen sólo cinco meses para lograr que sea aplicable en las elecciones de 2024.
Ayer, con 32 votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma y adiciones a los artículos 38 y 102 de la Constitución Mexicana.
De esta forma se establece como requisito, para ser candidato a un cargo de elección u ocupar un cargo público, no haber sido sentenciado por delitos como violencia familiar, violación a la intimidad sexual o violencia política, ni ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
Blanca Alcalá Ruiz (PRI) señaló que la iniciativa 3 de 3 contra la violencia no tiene dedicatoria hacia alguna persona, sino que el objetivo es recuperar la ética en el ejercicio de la política y el servicio público.
“El objetivo es recobrar la idoneidad en la elegibilidad de cualquier persona que aspire a ocupar un cargo público, para que ningún agresor llegue al poder, prevenir la violencia institucional y garantizar jurídicamente los derechos de las mujeres”, dijo.
Durante la discusión, la exalcaldesa de Puebla indicó que la iniciativa será aplicable para los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como para los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
Por su parte, Julieta Vences Valencia (Morena) llamó a los diputados federales a aprobar en el pleno esta misma semana la 3 de 3 contra la violencia, con la finalidad de que la reforma constitucional sea ley antes de septiembre, para lo cual se requiere la aprobación de al menos 17 Congresos locales.
Si en los siguientes cinco meses se logra que sea publicada por el Ejecutivo federal, la normativa será aplicable en las elecciones de 2024, cuando se renueve la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado, Congresos locales, gubernaturas y ayuntamientos.
“No claudicaremos hasta lograr que ningún violentador de mujeres, agresor sexual, ni deudor alimentario pueda acceder a algún cargo de elección popular u ocupar un cargo en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, órganos autónomos y en los tres Poderes de la Unión”, detalló.
La presidente de la Comisión de Igualdad de Género consideró inadmisible que personas agresoras de mujeres y sus hijos “piensen que pueden andar por la vida sin consecuencia. Deben de responder por sus actos, sea quien sea”.
“No se puede premiar con cargos de la más alta jerarquía en el Estado Mexicano a quien no cumple con sus obligaciones como padres y que violentan a las mujeres”, indicó la morenista.
