La reforma enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, para sancionar con siete años de prisión a quien contrate a policías sin el Certificado Policial Único, avanza al Pleno del Congreso local.
Este miércoles, en sesión de Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Asuntos Municipales, fue aprobada sin modificaciones el dictamen de decreto en materia de seguridad, que busca castigar siete años de cárcel a los alcaldes y autoridades municipales que contraten policías o jefes de mando sin que estos acrediten la certificación.
A la vez, quienes sean contratados como policías o directores de seguridad sin contar con los exámenes de control y confianza, que no acrediten que no tiene antecedentes o vínculos delincuenciales, recibirán de tres meses a siete años de prisión.
TAMBIÉN ANEXOS
Diputados locales avalaron en comisiones sancionar de uno a cuatro años de prisión a dueños y personal de centros de salud mental y adicciones, si no cuenten con licencias de funcionamiento y sin los requerimientos de la Ley Estatal de Salud.
En sesión de Comisiones Unidas de Salud y Procuración y Administración de Justicia, los diputados aprobaron la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta, que también contempla multas de 50 a 250 veces la (UMA), es decir, de 4 mil 811 pesos a 24 mil pesos.
